Una comisión mixta integrada por diputados y senadores comenzará a discutir hoy el proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con plásticos extraviadas, hurtadas o robadas en lo relativo a la responsabilidad de las personas y del emisor en casos de uso fraudulento de otros medios de pago.
Tras pasar por la comisión de Economía del Senado, la iniciativa legal -que cuenta con el apoyo del Ejecutivo- será analizada por un grupo de parlamentarios liderados por los senadores Ximena Rincón (DC), Rodrigo Galilea (RN), Álvaro Elizalde (PS), Felipe Harboe (PPD), José Miguel Durana (UDI).
A ellos se sumarán los diputados Johana Pérez (PPD), Jaime Naranjo (PS), Joaquín Lavín León (UDI), Miguel Mellado (RN) y Alejandro Bernales del Partido Liberal.
Agenda de la Comisión
Uno de los elementos rechazados por los senadores de la comisión de Economía y que serán objeto de debate en la Comisión Mixta guardan relación con plazos de notificación de los fraudes a los usuarios, medios para informar transacciones fraudulentas, entre otras ideas.
Uno de los factores que se discutirán será el peso de la carga de la prueba que recaerá en los emisores de tarjetas al momento de querer comprobar que los fraudes cometidos en un plásticos fueron hechos por la misma persona que denunció los hechos.
Por lo anterior, se espera que en el Congreso se establezca un adecuado equilibrio entre la responsabilidad que le compete a los emisores de tarjetas de créditos y equiparar el estándar de responsabilidad que tienen las personas en la Ley del Consumidor respecto de elementos como la diligencia y desincentivando el autofraude.
Bancos a la espera
Uno de los actores que siguen desde cerca la discusión es la banca, que a través de la asociación gremial ha hecho una serie de presentaciones en el Congreso donde ha cuestionado que “el proyecto de ley rompe los equilibrios en el sistema de pagos y establece un marco atípico a nivel internacional. Vulnera el derecho constitucional al debido proceso, la presunción de inocencia y otras garantías constitucionales”.
En la ocasión señalaron que esta iniciativa tendría “un retroceso en el desarrollo de la industria financiera y de los medios de pago hacia la provisión de servicios transaccionales que permitan avanzar hacia una economía sin efectivo, siendo estos cambios contrarios al marco constitucional del país”.
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