Un buen número de compañías se han visto afectadas por las manifestaciones en el país desde mediados de octubre, pero no todos los sectores viven los riesgos de la misma forma.
La clasificadora de riesgos Humphreys delineó los rubros que se verían más amenazados a nivel de solvencia por el conflicto social, ubicando al factoring y el retail como los más expuestos.
Además del riesgo general de una caída en la actividad del país, la agencia ve al sector de factoring como “un rubro que se puede ver fuertemente afectado por la crisis, no obstante que la realidad de cada sociedad es muy disímil”.
Esto se debe, a que parte de las cuentas por cobrar de este tipo de compañías viene de empresas medianas, que “probablemente enfrentarán mayores niveles de incobrabilidad y, en paralelo, una disminución en sus ventas”, sumado a que “se espera que la cadena de pago funcione con dificultad”.
En esa línea, Humphreys aseguró que las firmas con menos probabilidades de deterioro en su capacidad de pago son las que tengan mayor exposición a facturas de entidades estatales o firmas con grado de inversión.
Otro rubro que se ve amenazado es el retail, donde Humphreys estimó que las firmas más afectadas serán las que tienen una mayor proporción de tiendas en el centro de Santiago y lugares donde se dan disturbios con frecuencia.
“Si bien existen seguros que cubren los daños físicos y las pérdidas por paralización, el perjuicio se produce porque se esperan caídas en las ventas para el cuarto trimestre en todo el sector, producto de un menor nivel de actividad, tanto por el cierre de las tiendas como por la baja en las visitas”, indicó la clasificadora de riesgo, agregando que también verá presión en los costos, ya que el sector es de importadores y el dólar se ha apreciado fuertemente.
Otros rubros podrían tener un deterioro si es que las protestas se extienden, pero no ven mayores riesgos a su perfil crediticio, son las autopistas, seguros generales, casinos, constructoras e inmobiliarias y fondos de inversión inmobiliaria.
En este grupo ubicaron a las firmas de servicios básicos, sanitarias y eléctricas, pese al riesgo regulatorio que las rodea, por las demandas sociales.
“Cualquier cambio legal que afecte el precio de los servicios debiera ser dentro de marcos razonables, al margen de que a futuro implicarán una disminución de los resultados finales de las empresas”, indicó Humphreys en su informe, agregando que “no se puede descartar que las tarifas sean controladas vía menores exigencias en cuanto a seguridad y/o calidad de suministro (bajo un mínimo aceptable), lo cual implicaría inversiones menores para las empresas del rubro”.
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