A estas alturas, no es novedad para nadie que la posición financiera de las compañías nacionales se ha visto deteriorada en medio de las medidas de confinamiento con que las autoridades están buscando contener la expansión del Covid-19, pero el mercado de deuda ha visto aparecer un nuevo síntoma de los ajustes que ha tenido que hacer el sector corporativo nacional.
En los últimos meses una serie de grandes compañías han publicado citaciones de juntas de tenedores de bonos en busca de obtener waivers, o exenciones, de covenants.
Entre las grandes compañías que han acudido a los dueños de sus papeles locales para obtener más espacio para maniobrar están Parque Arauco, Gasco y Brookfield Americas Infraestructure Holdings, que solicitó a sus bonistas más espacio para endeudarse.
Las sanitarias ha visto movimiento en esa línea. Esval convocó a sus bonistas esta semana para relajar los covenants de su deuda, para hacer frente a una compleja mezcla de pandemia y sequía, mientras que las clasificadoras de riesgo advirtieron de incumplimientos en las condiciones financieras de Essal. Essbio también solicitó un cambio de covenants.
Espacio para respirar
Claramente la necesidad de las empresas de flexibilizar las condiciones de su deuda no es una señal de que las cosas no marchan bien, pero en el contexto de la inusitada crisis de la pandemia de coronavirus, en el mercado lo ven como algo positivo.
“No están forzosamente rompiendo los covenants. Es simplemente porque no les está llegando flujo para compensar”, explica el analista de renta fija de Ameris Capital, Matías Gómez, calificando el aumento en las solicitudes de flexibilización recientes como “muy esperable”.
Desde Inversiones Security comparten el diagnóstico. Según comenta la subgerente de Estudios de Renta Fija de la firma, Paulina Barahona, la emergencia sanitaria ha impactado los resultados de las compañías, lo que se normalizaría una vez controlada la pandemia. “La solicitud de un waiver o flexibilización viene de la mano de un perfil financiero saludable, pero golpeado por eventos temporales”, indica.
En esa línea, la expectativa es que los bonistas no opongan resistencia a las solicitudes, con tal de darle espacio a las firmas para respirar y asegurar la continuidad operacional de las mismas.
“En la mayoría de los casos se trata de problemas de liquidez de corto plazo y no de insolvencia financiera, por lo que se entiende el origen de la solicitud”, dice Barahona.
Eso sí, el trato podría ser desigual entre compañías. En las negociaciones que sostendrán las compañías de distintos sectores con los dueños de sus títulos de deuda, podría verse más flexibilidad con las firmas que el mercado identifique como con una “buena gestión” y donde se prevé que “el modelo de negocios siga funcionando”, comenta Gómez.
Próximos trimestres
Desde las clasificadoras de riesgo comparten la visión de los inversionistas, pero prevén que la tendencia se profundizaría a futuro.
Según estimaciones de Humphreys, el peak de incumplimientos se daría más adelante, en los estados financieros de los próximos trimestres, que se publicarían entre el último trimestre de este año y la primera mitad de 2021.
“Los que se podrían ver más afectados son los que están relacionados con el Ebitda, pero no con los estados financieros a junio, sino a septiembre o incluso a diciembre”, explica Paula Acuña, analista de riesgo senior de la agencia calificadora.
En esa línea, asegura que algunos tipos de covenants tendrían un mayor riesgo de incumplimiento que otros. Entre los dos tipos más comunes, que relacionan la deuda financiera de las firmas con sus niveles de Ebitda y flujo y con su patrimonio, el primer segmento se vería más afectado por la crisis del coronavirus.
En el caso de los covenants patrimoniales, se vería una mayor estabilidad, porque, según Acuña, “tendría que ser una pérdida muy fuerte, que se castigue contra el patrimonio” para que se incumplan éstos últimos.
De todos modos, la analista destaca que las compañías han estado tomando medidas –como, por ejemplo, bajar los costos de las operaciones– para poder cumplir con sus obligaciones.
Por el lado de las obligaciones de corto plazo, por su parte, no se vería mayor presión para las firmas. Datos de Security muestran que los pasivos de corto plazo (que vencen en un año o menos) del primer trimestre representaban un 23% del total de la deuda de empresas registradas ante el regulador al primer trimestre. Esto está por encima del 20% promedio de la historia reciente, tras un “importante proceso de refinanciamiento” que se vio entre 2016 y 2018, según Barahona.
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