Desde que la Superintendencia de Valores y Seguros (actual CMF) dictó la norma N° 385 en 2015 sobre gobiernos corporativos, los emisores de valores de oferta pública están obligados a informar sus políticas en esta materia bajo la metodología de comply or explain (indique si cumple o de lo contrario explique).
Y si bien los temas de gobernanza han ido tomando fuerza dentro de las mayores empresas del país, todavía hay algunas prácticas que se han visto rezagadas, según las respuestas enviadas al regulador este año.
Dentro de las compañías que conforman la nómina del S&P/CLX IPSA –excluyendo a los bancos y Engie Energía Chile, que no tienen datos disponibles para ese período–, hay siete ítems en los que ninguna empresa cumple con el requisito.
Las prácticas al debe
Los tres primeros puntos en los que las firmas están al debe tienen que ver con que el directorio se reúna por lo menos una vez al trimestre con la unidad a cargo de responsabilidad social o desarrollo sostenible.
Al ser consultadas las empresas sobre la frecuencia de las reuniones en que se discuten las políticas para difundir los beneficios de la diversidad, las barreras que dificultan la diversidad en la compañía y la utilidad que han tenido los reportes de sostenibilidad, 24 compañías no cumplieron con este ítem.
Otro punto pendiente es la implementación de un “procedimiento formal” para que los accionistas puedan conocer la visión de la mesa directiva sobre el número máximo de sillones que deben ocupar candidatos propuestos por el controlador de la sociedad.
Además, según las respuestas enviadas al regulador, ninguna de las compañías IPSA que reportaron ha instalado un mecanismo que permita a los accionistas votar de manera remota en las juntas, afectando con ello por ejemplo a quienes viven fuera de Santiago.
Además, ninguna de las firmas ha establecido un mecanismo para difundir “las estructuras salariales y políticas de compensación e indemnización del gerente general y demás ejecutivos principales” entre los accionistas en la página web de la compañía. Tampoco han hecho un procedimiento formal para someterlas a la aprobación de los accionistas.
Otro de los puntos que las empresas han mostrado reticencia a incorporar son asesores externos para el directorio, cuestión que ha sido criticada en el pasado por accionistas minoritarios.
Eso sí, cabe considerar que las compañías han criticado la estructura binaria del cuestionario de la CMF, ya que sólo pueden responder con un “sí” o “no”, sin espacio intermedios.
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