Una nueva disputa se abrió entre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Consejo para la Transparencia (CPLT) y que tiene a los créditos que otorga la banca a través del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape) como protagonista.
El viernes pasado, la CMF ingresó en la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad en contra de una resolución del organismo que encabeza Gloria de la Fuente, la que obliga al regulador financiero a compartir información sobre el mencionado programa de financiamiento.
La mecha la encendió Clapes UC, cuando la investigadora junior del centro de estudios, Shirley Redroban, presentó a finales de agosto una solicitud de información a la CMF a través de la Ley de Transparencia, con el objetivo de obtener antecedentes sobre el Fogape para elaborar un estudio junto al entonces investigador de Clapes, el ahora ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y al académico y economista Sergio Urzúa.
“La información que requerimos como Clapes UC sobre los créditos Fogape Covid, debe estar a nivel de empresa, indicando su identificador, nombre, localización (región y comuna), tamaño (MIPYME, PYME, etc.), sector económico (servicios, transporte, construcción, etc.), el banco al que solicitó el crédito, el monto solicitado, lo aprobado, estado de la solicitud (en estado de evaluación, aprobadas sin cursar, cursada, rechazada), en caso de que haya sido rechazada debe indicar la razón”, señala el requerimiento.
Sin embargo, la solicitud fue rechazada en septiembre por la CMF, acusando que dichos datos solo podían ser conocidos por miembros del regulador, incluso cuando se trabaja con investigadores externos.
El rol del Consejo
Clapes UC elevó en septiembre el caso al CPLT, instancia que recién a finales de enero resolvió de forma parcial en favor de la investigadora.
El organismo concluyó que la CMF debía entregar el nombre de las empresas que obtuvieron el crédito Fogape y, de proceder, el identificador de aquellas empresas, su ubicación, el sector económico en el que operan, el banco al que solicitaron el préstamo y la fecha en que postularon al financiamiento.
“En el evento que el identificador corresponda al RUT, y este antecedente se encuentre asociado a una persona natural, lo mismo que la ubicación (región, comuna y dirección), dichos datos deben ser reservados”, agrega el fallo del Consejo.
El objetivo del estudio
Consultado por DF, Urzúa explica que el estudio en que iba a trabajar con Redobran buscaba replicar resultados de otras investigaciones.
“Queríamos analizar el impacto que estaban teniendo todos los mecanismos de apoyo a personas y a empresas, en el contexto de la pandemia. Ver el impacto sobre el empleo, los salarios y las ventas. Nos topamos con que había información y que había gente que estaba analizando el Fogape. Queríamos contribuir con métodos econométricos distintos, con teorías económicas diferentes”, indica el economista.
“Nos sorprendió la resolución de la CMF, porque pensamos que no habría problemas”, añade.
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