A sólo días de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entre a operar plenamente -con la consiguiente desaparición de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que ocurrirá este lunes 15 de enero-, ya se prevé su primera consecuencia: se elevarían los costos para las empresas por los mayores gastos en compliance y nuevas estructuras de los gobiernos corporativos.
De acuerdo a un director de empresas y especialista en regulación de mercados, todo cambio normativo significa una adaptación al interior de las compañías reguladas por la CMF.
Un experto que participó en la discusión para crear la nueva entidad reguladora, también considera que, al haber nuevas exigencias y controles, llevará a que las compañías refuercen sus equipos jurídicos”.
Esto se traduciría en mayores costos asociados no sólo en capacitación, sino en los ajustes de cómo se entregará la información al nuevo ente regulador a través de las facultades intrusivas que tendrá la fiscalía de la CMF previa autorización judicial y de los comisionados.
Símbolo de ello es que en el marco de una investigación por parte del regulador, éste podrá acceder al secreto bancario de las cuentas, solicitar información a empresas de telecomunicaciones e interceptar llamadas.
El socio de Parraguez & Marín, Gustavo Parraguez, dice que “es evidente” que la nueva CMF “represente mayores costos para la empresa”.
El abogado explica: “En primer lugar, deberán adaptarse a una nueva regulación, esta adaptación ya significa un costo en sí misma. En segundo lugar, se encuentran todos los costos asociados a la autorregulación financiera que exige la nueva normativa a los actores del mercado”.
Si bien no existe una estimación de cuánto podría costar la adaptación, Parraguez afirma que “al menos las empresas deberán invertir en costos de educación, compliance, y nuevas estructuras de gobiernos corporativos acordes a las exigencias de autorregulación”.
Cuestionamientos
Varios abogados estiman que ante mayores atribuciones de fiscalización por parte del regulador, se podrían afectar garantías constitucionales con mayor intensidad que lo previsto por la legislación anterior, dice una fuente que pide reserva de su identidad.
Frente a ello, los fiscalizados podrían acudir hasta el Tribunal Constitucional e interponer acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Otra crítica que aparece entre los expertos es el nombramiento del fiscal de la CMF, Andrés Montes, que se produjo los últimos días del 2017.
El coordinador del programa legislativo de Libertad y Desarrollo, Francisco López, dice que “habría sido preferible que todo el proceso de nombramiento, búsqueda y selección del fiscal, lo hubiese llevado adelante la Comisión una vez en funcionamiento. No como ocurrió, donde el Ministerio de Hacienda fue quien llevó adelante buena parte del proceso”.
A juicio del ex ministro de Economía y ex titular de la SVS, Alejandro Ferreiro, cuando entre a plena marcha la CMF “va a mejorar la regulación y eso debiera significar para las empresas un marco normativo más predecible y de mejor calidad, con un sistema de sanciones más riguroso y mayores garantías”.
Si bien en una primera etapa la CMF sólo supervisará los mercados de valores y seguros, se espera que con la promulgación de la nueva Ley de Bancos se sumen las entidades que estaban bajo el alero de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
Frente a esta situación, Ferreiro, indica que “el desafió mayor” de la nueva CMF “es la integración con el sistema bancario”. Dice que puede haber un conflicto ya que la CMF tendría que combinar dos funciones que no siempre en el mundo están juntas, “que es la regulación de solvencia, propia de los bancos, con la regulación de conducta de mercado y transparencia que hay en el mercado de valores”.
Misma visión tiene Francisco López de LyD: “El momento crítico se dará con la futura incorporación de la SBIF bajo la misma estructura, ya que supone un esfuerzo mayor de coordinación y resguardo de las capacidades de dos instituciones distintas como son las SVS y la SBIF”.
Según el experto, el trabajo que lleven los comisionados será vital para el desempeño futuro de la Comisión, “y mantener el prestigio de nuestro sistema financiero”.
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