Hasta la Comisión de la Cámara que investiga las responsabilidades de los organismos públicos en las posibles estafas piramidales llegó Carlos Gajardo, fiscal que está a cargo de la mayoría de las investigaciones.
En la ocasión, el persecutor le quitó un poco de presión a la responsabilidad de los organismos fiscalizadores, al asegurar que “no es fácil darse cuenta que estamos frente a una estafa”.
Gajardo indicó a los parlamentarios que para darse cuenta que se está frente a una estafa piramidal, los reguladores tienen que contar con el personal suficiente para ir a fiscalizar en terreno estas entidades “y tengo la sensación que esa fuerza fiscalizadora no la tienen en estos momentos las instituciones que se encargan de estos temas”.
“Dudo de que alguna autoridad se haya dado cuenta que esto es un delito de estafa”, sostuvo.
Eso sí, comentó el hecho que en el caso de AC Inversions existen denuncias en contra de funcionarios públicos por no alertar sobre estos casos, como ocurre con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que en conocimiento de algunas operaciones no realizó denuncias como las notificaciones que hicieron algunos brokers denunciando las pérdidas de dineros que hizo Patricio Santos en AC Inversions y que fueron detalladas por el propio persecutor en la audiencia de formalización del fundador de la primera empresa acusada de una estafa piramidal
En este sentido, el fiscal comentó que la investigación que lleva adelante está determinando si esas personas estaban en conocimiento de que había un delito de estafa “y estando en eso no hicieron la denuncia como indica la ley, pero es una hipótesis difícil de configurar”.
Las otras investigaciones del Ministerio Público
Conocidas son las investigaciones que está llevando el Ministerio Público en contra de empresas como Arcano, AC Inversions, Rodríguez & Asociados e IM Forex, pero el fiscal Gajardo detalló ante los diputados que actualmente la Fiscalía Oriente investiga entre 5 o 6 empresas más, y aseguró que son por menores montos y cantidad de clientes que las otras investigaciones. Según comentó, estas nuevas indagatorias surgieron a partir de reportes provenientes de la Superintendencia de Bancos o de la propia UAF, “donde después de AC Inversions ha sido más fácil y de una mayor sensibilidad denunciar estos casos”.
“En su momento no era fácil darse cuenta del delito de estafa, por lo que se puede entender que no se hubieran hechos denuncias, al menos en términos penales”, reiteró Gajardo.
Una de las aristas que han tenido estos casos es la investigación que está llevando adelante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en lo que se refiere a la no declaración por parte de los inversionistas de las utilidades generadas con estas empresas. En este sentido, el fiscal señaló a la Comisión Investigadora que la información que han recopilado de las investigaciones ha sido compartida con el SII, por lo que ya hay información por parte de la entidad de casos de contribuyentes que no tienen cómo justificar los dineros.
Según las palabras del fiscal Gajardo, entre todas las empresas investigadas son cerca de 10.500 las personas que se han visto afectada con montos que superan los $ 182 mil millones.
Disuelven fondo privado de Rodríguez & Asociados
Una de las características de Rodríguez & Asociados, empresa investigada por una presunta estafa piramidal, era que una de sus filiales estaba inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Rodríguez y Asociados Administradora de Activos estaba bajo los registros del regulador desde diciembre del año 2014.
Fuentes de la empresa aseguran que el hecho de estar bajo el alero de la SVS era usado por los hermanos Carlos y Claudio Rodríguez como pretexto para captar más clientes, dando seguridad en la inversión. Para dar más credibilidad a la empresa es que en octubre de 2015 se creó el Fondo de Inversión Privado Rodríguez & Asociados Total Quant I, donde fueron seis los iniciales -y únicos- aportantes con US$ 100 mil cada uno.
Teniendo en cuenta la autodenuncia de los fundadores de la empresa y la investigación
por parte del Ministerio Púbico por una posible estafa piramidal, los aportantes decidieron la disolución anticipada del fondo, lo que fue informado esta semana a la Superintendencia, añadiendo que se revocaron los poderes y las facultades administradoras que tenían los hermanos Rodríguez, entregando las facultades a un comité de liquidadores para poner fin al instrumento.
Con ello se le solicita a la SVS, entre otras cosas, que les informe si la administradora "mantiene vigente en poder de la SVS la boleta de garantía que la legislación le exige, o cualquier otro documento que la legislación le exige".
Además con fecha 15 de junio se ofició a la corredora de bolsa de Nevasa, donde se encontraban parte de las inversiones del fondo, para que tome todas las medidas necesarias para impedir que los Rodríguez hagan operaciones con los dineros. Según la corredora, el fondo mantiene a través de ellos una inversión de $ 303 millones en cuotas del fondo mutuo EuroAmerica y $ 30 millones en la cuenta de inversiones de la intermediara.
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