Una investigación por tres delitos financieros contra inversionistas de EEUU lleva adelante la Securities and Exchange Commission (SEC) en contra del fundador del grupo Arcano, Alberto Chang. Además, el organismo aseguró tener pruebas suficientes contra el empresario a quien calificó como "despilfarrador".
Chang, radicado en Malta, enfrentó un revés judicial el pasado miércoles luego que el Distrito Sur de Florida rechazara un intento del empresario para bloquear el acceso de la SEC a su cuenta en el banco JP Morgan.
De acuerdo a La Tercera, el juez James Lawrence dijo que "es evidente que los registros financieros solicitados son relevantes para la investigación de la SEC, ya que, por lo menos, pueden proporcionar información sobre el uso de dineros de Onix y las transacciones de Grupo Arcano, que son objeto de investigación".
La SEC, en tanto, aseguró tener antecedentes de millonarias sumas que el empresario obtuvo de inversionistas estadounidenses. "La SEC tiene pruebas de que Chang transfirió más de US$ 7,5 millones del dinero de los inversores a sus propias cuentas bancarias personales, incluyendo su cuenta bancaria en JP Morgan, y gastó gran parte de este dinero en viajes, restaurantes y alojamiento", dijo el organismo al juez federal.
Asimismo, el regulador estadounidense afirma tener pruebas de que Chang "puede haber falseado a los inversores el origen de los fondos con los que pagan los intereses, el uso de los fondos de los inversores y las inversiones actuales de Onix en la creación de empresas".
El organismo –simil de la SVS en Chile- investiga al empresario por violar la Sección 5 de la Securities Act (Ley de Valores) de 1933, que obliga a registrar los valores que se ofrecen ante la SEC; por vender valores violando la sección 17a de esta ley y por violar la Securities Exchange Act de 1934 (Ley de Intercambio).
El regulador además calificó a Chang como "despilfarrador" de recursos que no eran de su propiedad.
"La SEC tiene pruebas de que Chang despilfarró gran parte de este dinero en artículos tales como restaurantes, alojamiento y viajes, incluyendo al menos US$ 1.800.000 en el arrendamiento de un avión Gulfstream G450 para su uso", dice el documento que el organismo ingresó a la Corte.
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