Un nuevo vuelco tomó el Caso Factop. A poco más de cinco meses de su audiencia de formalización, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la suspensión del procedimiento -por un año- para los socios, directores y ejecutivos de LarrainVial imputados en la causa, quienes llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.
En una audiencia realizada este miércoles en el Centro de Justicia, en persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya, presentó al tribunal la salida alternativa para los ocho personeros investigados por la arista del fondo de inversión Capital Estructurado I, creado para saldar deudas de Antonio Jalaff y administrado por la gestora LarrainVial Activos.
De esta filial, fueron formalizados los exdirectores José Correa, Jaime Oliveira, Sebastián Cereceda, Andrea Larraín y Andrés Bulnes, y el exgerente general de la gestora, Claudio Yáñez.
“Sujeto al cumplimiento de sus términos, pone fin al proceso penal para la empresa, sus exdirectores, exgerente general y colaboradores”, destacó LarrainVial en una declaración escrita.
A ellos se sumaron los socios de la matriz de LarrainVial: el exdirector ejecutivo, Manuel Bulnes y el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio.
Todos acudieron a la audiencia, salvo Oliveira, quien se conectó telemáticamente desde España.
Atenuantes
En su solicitud, la Fiscalía explicó que la pena asociada a los delitos por los que investigó a los ejecutivos de LarrainVial estaba dentro del marco que permite la suspensión del procedimiento.
Para ello, argumentó como atenuantes la irreprochable conducta anterior, colaboración con la investigación y la reparación a las presuntas víctimas de la serie B del fondo.
A comienzos de año, LarrainVial inició un plan de recompra con el que adquirió-o ya tendría las escrituras para ello- por sobre el 80% de las cuotas de la serie B, por un total de $ 3.250 millones. Eso sí, habría dejado fuera de esta acción a los aportantes vinculados a otros imputados por el caso.
La recompra generó debate en la instancia. Uno de los denunciantes que ingresaron al fondo, el exacreedor de Antonio Jalaff y querellante en la causa, Nanomed, rechazó la suspensión y aseguró que no formó parte de la compensación de LarrainVial, al integrar parte de la serie A del vehículo.
El Tribunal, si bien no reconoció ese atenuante, destacó que debido al mérito de la irreprochable conducta anterior y colaboración en la investigación, los investigados ya podían acceder a la suspensión, aprobándola en el acto.
En cuanto a la colaboración, destacaron las declaraciones realizadas por los personeros de LarrainVial. Todos prestaron testimonio ante la Fiscalía antes de la formalización de enero, mientras que Manuel Bulnes se acercó por una segunda vez tras la instancia.
En tanto, habría nuevas declaraciones agendadas para los directivos de LarrainVial que siguieron de cerca la estructuración del fondo.
Optar a sobreseimiento
La suspensión implicará que todos los imputados de LarrainVial queden en “observación” por un plazo de un año.
En este período no podrán ser formalizados por otro delito y deberán firmar en una comisaría de Carabineros de manera bimensual los primeros sábados de cada mes, y mensualmente en el caso de Claudio Yáñez. A lo que se suma la reparación a un 80% de las cuotas de la serie B que se encontraría en gran parte cumplida, con pendiente reconocimiento del tribunal de algunos pagos finales.
Si los imputados cumplen con las condiciones exigidas, podrían optar al sobreseimiento definitivo.
La resolución “constituye un reconocimiento de que LarrainVial colaboró permanentemente con el avance de la investigación llevada por el Ministerio Público y que, -sujeto al cumplimiento de sus términos- pone fin al proceso penal para la empresa, sus exdirectores, exgerente general y colaboradores”, señaló la empresa a través de una declaración escrita.
Para el resto de los imputados del caso, el Tribunal aumentó el plazo de investigación por 50 días.
La formalización
Las responsabilidades de los ocho personeros de LarrainVial investigados fueron reveladas por el Ministerio Público durante la formalización del caso en enero.
“Intervinieron en la realización de una serie de maniobras que tuvieron por objeto la creación, estructuración y puesta en marcha del fondo de inversión Capital Estructurado I, con el objetivo de utilizar dicho fondo y los recursos obtenidos a través de él para, sin una adecuada valorización y mediante maniobras engañosas y fraudulentas, hacer frente a las deudas por una suma aproximada de $28.000.000.000 que el imputado Antonio Jalaff Sanz mantenía”, señaló la Fiscalía.
En cuanto a delitos, a juicio del Ministerio Público, los hechos fueron constitutivos del ilícito de transacciones en valores con el objeto de mantener o alterar artificialmente en el mercado el precio de uno o varios valores, además del delito de administración desleal.
Asimismo, la participación de los imputados habría sido en calidad de autores ejecutores respecto de los exdirectores y del exgerente general de LarrainVial Activos, y de facilitadores para Manuel Bulnes y Felipe Porzio.
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