Luego de que el proyecto de cuarto retiro desde las AFP y segundo adelanto de rentas vitalicias fuera aprobado por la Comisión de Constitución del Senado, ahora el debate se trasladó al tema de las responsabilidades que deberían asumir, a título personal, los parlamentarios que ratifiquen la iniciativa, según lo que planteó el abogado Cristóbal Eyzaguirre.
El profesional, que representa a Confuturo y Consorcio en su reclamo por el primer adelanto de rentas vitalicias, señalo que el derecho contempla herramientas para hacer efectiva la "responsabilidad personal" de los parlamentarios. La advertencia no pasó desapercibida en el Congreso, pero donde más revuelo causó fue en la Cámara de Diputados, donde habrá un pronunciamiento oficial de la mesa y se aceptó la propuesta del DC Gabriel Silber de encargar un estudio en derecho sobre el tema, acuerdo al que se llegó en una reunión de comité realizada para estudiar el tema.
La jefa de la bancada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, recibió con molestia la advertencia de Eyzaguirre. La legisladora de oposición es una de las que más ha bregado por incluir a los jubilados de rentas vitalicias que, pese a todo, sólo se incluyeron en el tercer retiro.
A su juicio, los dichos del profesional representan "un chantaje concertado de las aseguradoras", por lo que "nos parece impresentable" y acusó al jurista de intentar "influir en la autonomía parlamentaria".
Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto llamó la atención acerca de que con las declaraciones de Eyzaguirre, las aseguradoras se "han pasado de la raya", ya que lo que "intentan hacer es obtener una decisión de un Congreso soberano en su beneficio y en perjuicio de cerca de 700 mil jubilados de rentas vitalicias", capturando el debate en favor de sus intereses.
Soto aseguró que "no les tenemos miedo, no nos van a amedrentar con esta amenaza de llevar a parlamentarios, que votemos a favor del cuarto retiro, a los tribunales. Vamos a seguir adelante con más convicción todavía". Por ello, al igual que Sepúlveda, adelantó que abogarán para que se tomen todas las medidas necesarias para que el Congreso haga valer su carácter de "órgano soberano (...) que esté libre de toda amenaza y chantaje para legislar".
Mientras tanto, el jefe de bancada de diputados del PPD, Raúl Soto señaló que "es absolutamente inaceptable que grupos de poder de este país estén chantajeando a un poder del Estado, autónomo, independiente, como es el Congreso". Y recalcó que los diputados no aceptarán ningún tipo de presión ni chantajes. El parlamentario instó a los senadores "a no dejarse presionar, a no claudicar" y advirtió que "si eso no ocurre, nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias y reponer el segundo anticipo en la Cámara, en el caso de que los senadores no lo legitimen".
Efecto contrario
Los senadores, en cambio, han sido menos expresivos respecto al tema. Sin embargo, el primero en referirse al tema fue el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (Indep. PPD), quien al final de la sesión de ayer hizo ver que la Cámara Alta está frente a una "amenaza" de las aseguradoras, a raíz de las declaraciones de Eyzaguirre, comentario que pasó casi inadvertido entre sus pares.
No obstante, consultado, el senador de RN José García Ruminot hizo ver que no cree que estas declaraciones influyan en la postura de sus pares. E incluso –dijo– "puede lograr el efecto contrario", advirtió. Ello, porque "ningún legislador quiere sentirse amenazado, menos aún por compañías internacionales". A su juicio, "hay formas y formas de decir las cosas, defender los argumentos que se crean correctos, pero las amenazas no son el camino", concluyó.
En la misma línea, pero con mayor dureza, reaccionó el senador socialista Rabindranath Quinteros, quien manifestó que "el Senado de Chile no aceptará amenazas de nadie, porque nuestro deber es proteger a las y los chilenos". Y añadió que "quienes estamos en el Parlamento somos responsables y tenemos muy claro que la primera responsabilidad está con la ciudadanía".
En este sentido, Quinteros pidió "más respeto al Congreso chileno, porque estoy seguro que esto difícilmente ocurriría en otros países, especialmente en Estado Unidos".
Su compañero de bancada, Alfonso de Urresti, advirtió que las "amenazas, amedrentamientos de abogados de las compañías de seguros no los vamos a tolerar" y -añadió- que si existen observaciones al proyecto, para eso está el trámite legislativos en que se pueden introducir indicaciones.
Para el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, "el abogado se está excediendo en sus afirmaciones. Las compañías de seguro pueden demandar al Estado de Chile, si lo estiman pertinente, y ahí se tendría que ir a un litigio internacional"; sin embargo, "demandar individualmente a los parlamentarios es algo completamente irregular y muy creativo de su parte".
Desde su punto de vista, los dichos de Eyzaguirre responden a "estrategias desesperadas de presión" que considera "muy inadecuadas".
También se pronunció sobre la materia el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien aseguró haber leído con "interés" el tema y, "para ser franco, no tengo claro legalmente si es correcto o no", pero en cualquier caso aclaró que "no creo que influya en alguna votación".
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