¿Está realmente “rayada la cancha”, en seguridad social y pensiones en la propuesta de nueva Constitución? Esa fue una de las preguntas abordadas ayer en el encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) y Sura, que reunió a especialista principal de protección social de la OIT Cono Sur, Guillermo Montt; y los abogados constitucionalistas, Francisco Zúñiga, del estudio Zúñiga Campos, y Jorge Barrera, de Bofill Mir Abogados.
Los abogados coincidieron en que el texto que se votará en septiembre dejará abierta la posibilidad de mejora a los legisladores, pero discreparon al hablar de ventajas y riegos.
Flexibilidad y propiedad
“Es una ventaja que esté abierto y entregado al legislador, porque eso permite modelar la protección brindada en el campo de la seguridad social”, enfatizó Zúñiga, destacando que el texto despejó dudas sobre propiedad de los fondos al establecer la afectación de los ahorros previsionales afines a la seguridad social. Bajo su mirada, la discusión sobre la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, “es un poquito, sin sentido”, puntualizó.
“Esto no es una cuenta corriente de la que el trabajador tenga libre disponibilidad. Es un ahorro forzoso, en lo que dice relación con el pilar contributivo, con su futuro”, añadió.
Montt coincidió con esa visión ya que “es necesario que no se ate la seguridad social a un contexto que necesariamente va a cambiar. Pasarle la responsabilidad al legislador es adecuado, porque los sistemas de seguridad deben evolucionar”.
Barrera discrepó porque “los fondos de pensiones no son de aquellos bienes que se declaran inapropiables, por lo tanto, si el día de mañana se quieren hacer modificaciones, vamos a ver cuál va a ser la posibilidad que va a tener el Estado de retribuir a los cotizantes, por lo que tengan en sus cuentas”, precisó.
Por su parte, el presidente Ejecutivo de SURA Asset Management Chile, Francisco Murillo, anfitrión del encuentro, destacó el rol de la industria en el debate de reforma de pensiones. “Lo que Chile necesita es un sistema mixto potenciado, aumentando la cotización del pilar obligatorio, a un 18% gradualmente, y al mismo tiempo incrementando el gasto del Estado, cuyo aporte equivale a 1,2% del PIB anual”, detalló.
Otros énfasis
El experto de la OIT, Guillermo Montt, hizo otro punto respecto de la afectación de los fondos previsionales, al referirse al eventual uso de éstos para pagar comisiones, financiar la administración del sistema o invertir los fondos. Todo ello, dijo, "dependerá de la interpretación que se le dé a los recursos en seguridad social y a los beneficios", explicó.
Montt indicó que "desde OIT promovemos sistemas mixtos, que distribuyen la responsabilidad en el financiamiento, en pago prestaciones, y riesgos, entre los distintos actores, que son el Estado, los trabajadores y los empleadores. Esta redacción permite la constitución de sistemas mixtos y esta mayor distribución de las responsabilidades".
Zuñiga, en tanto, enfatizó la importancia de la responsabilidad de los gobernantes, legisladores y la clase política. "Los ciudadanos son responsables, están conscientes de que un catálogo ambicioso como el que la Constitución propone, es una carta de navegación que tiene un horizonte de tiempo (...) y en materia de derechos social es particularmente cierto. Eso hay que decirlo a la gente, eso es lo políticamente responsable, hay que decir que esto requiere de un esfuerzo del Estado, de los contribuyentes, de un esfuerzo país, para dar cobertura efectiva a este ambicioso programa de protección social".
Rol de trabajadores en el sistema
Los invitados también se refirieron a la participación de los trabajadores en los sistemas previsionales. Según Montt, de la OIT, la relevancia de este tipo de propuestas radica en que tanto trabajadores como empleadores "son los más interesados en resguardar la sostenibilidad de las prestaciones y los principios de seguridad social", más allá de lo netamente financiero.
El abogado Jorge Barrera, por su parte, aclaró que “esto es como si los sindicatos formaran parte de la Superintendencia de Pensiones. No es que vayan a formar parte de un directorio de as AFP. Ojo con eso, porque habla del sistema, no son los prestadores necesariamente”, puntualizó, aún cuando ello pueda ser parte de una discusión legislativa posterior, según indicó.
Zúñiga, en tanto, invitó a abordar esta temática, desde la perspectiva de que “las empresas son capital y trabajo”, dijo. “Una perspectiva general debiera ser situar la posibilidad de darle a los trabajadores -organizados en sus sindicatos-, injerencia en la marcha del gobierno corporativo de las empresas, independientemente de si éstas son o no parte del mundo público o privado", indicó. Según Zúñiga "esta es una mirada moderna, de futuro, que introduce una visión distinta de la decisión de negocios y empresarios innovadores debieran estar llanos a ello. No es posible que el mundo privado esté a rezago, o vaya muy atrás de cuestiones que el texto constitucional está ofreciendo", concluyó.
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