Sigue sumando críticas la iniciativa parlamentaria que busca que en el marco de la crisis del coronavirus las personas puedan retirar el 10% de sus fondos previsionales para hacer frente a la emergencia.
Si bien hace una semana el académico de Clapes UC, Salvador Valdés, proponía "autorizar a cada afiliado no pensionado a vender parte de sus cuotas en Fondos de Pensiones, para invertirlas en un nuevo 'crédito social directo' a sí mismo", hoy el economista se muestra totalmente en contra de la reforma ad portas de ser votada en Sala por la Cámara de Diputados.
"La reforma constitucional del 10% es impracticable", señala el economista en una carta publicada hoy en El Mercurio, argumentando que la iniciativa, "aún de ser aprobada (por dos tercios), llegará muy, muy tarde".
A juicio del economista, "son enormes los obstáculos sanitarios y operativos al recibir millones de solicitudes de retiro sin arriesgar infecciones masivas", pero fuera de los aspectos logísticos, para el experto previsional la propuesta es "injusta, porque desconoce que la ayuda debería ir solo a quienes han perdido el ingreso laboral (en todos los niveles)".
"Si la trabajadora que perdió el empleo tiene 25 años, tendrá un salario pequeño, pero necesita un reemplazo del 60% igual. En el otro extremo, permitir retirar 150 UF libres de impuestos a quienes conservan su empleo y están ahorrando más de lo normal es absurdo", plantea.
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En tercer lugar, Valdés refuerza el punto que "el Estado no repondrá el dinero retirado de las cuentas bajo 'criterios de progresividad', porque se preferirá dejar actuar al Pilar Solidario". Esto, explica, "siempre será superior a emitir bonos de reconocimiento, que son injustos ex post y pueden elevar el costo de la deuda pública".
Bajo este supuesto, el economista afirma que "esta reforma constitucional sacrifica la pensión contributiva de vejez, en distintos grados, a personas de distinta edad y densidad".
El experto de Clapes UC también califica de "discriminatoria" la iniciativa porque excluye a los afiliados del sistema antiguo, "siendo que también podrían girar el 10% de los derechos a pensión de vejez que poseen".
Y como último argumento, recuerda que la reforma dejará de regir cuando venza el Estado de Excepción que se decretó por el Covid-19, "lo que ocurrirá antes de la recepción de las solicitudes de retiro".
En este escenario, la propuesta de Valdés es que el Estado realice transferencias masivas a quienes perdieron su ingreso laboral, reemplazando el 60% de dicho ingreso. "No cabe la focalización tradicional hacia los vulnerables permanentes, excepto por topes similares al máximo imponible ($ 1.800.000 líquido)".
Pensando en el futuro, el académico se pregunta: "¿Después, debiera devolverse esta ayuda al Estado? No. Basta con aceptar el aumento en los tributos y la disminución de subsidios del Estado, ambos necesarios para servir la nueva deuda pública entre todos los conciudadanos, incluyendo a las generaciones futuras, de modo solidario".
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