El Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) se reunió hoy viernes para analizar el anticipo de rentas vitalicias que fue aprobado el martes por la Cámara de Diputados y que aguarda por su revisión en el Senado.
La instancia, que reúne al Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al Banco Central y la Superintendencia de Pensiones, advirtió sobre las consecuencias para la estabilidad financiera que tendría el proyecto, tal como está en el Congreso actualmente.
"Sin perjuicio de los efectos negativos que tendrían nuevos retiros de fondos de pensiones, ya comunicados por el CEF tras su sesión del 10 de septiembre, las indicaciones recientemente aprobadas permiten que los pensionados de rentas vitalicias efectúen un adelanto de beneficios bajo condiciones inéditas, generando riesgos adicionales y potencialmente graves para la estabilidad financiera", señala un comunicado de Hacienda.
En el encuentro, la CMF realizó una presentación con énfasis en la posible afectación de la solvencia de dichas compañías y los potenciales riesgos para el pago de pensiones a 700 mil jubilados con rentas vitalicias, además del riesgo para los pagos a 2,5 millones de personas con seguros de vida, siete millones de personas con seguros complementarios de salud y a toda la fuerza laboral que cotiza para su seguridad social y cuenta con un Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
De acuerdo con las estimaciones del regulador financiero, el potencial impacto de las nuevas condiciones aprobadas por la Cámara Baja para realizar los anticipos, podría alcanzar hasta un 60% del patrimonio de las compañías de seguros de vida que venden rentas vitalicias.
"Frente al escenario anterior, un número relevante de firmas podría incurrir en incumplimiento de las exigencias normativas de solvencia y enfrentar problemas de liquidez para cumplir con sus obligaciones", dice el comunicado.
Ello, porque si bien los pensionados podrían anticipar hasta 10% de su prima original, la pensión solo se ajustaría a la baja en un máximo de 5%. A ello se suma que el proyecto establece que la rebaja de 5% se mantendría hasta que se restituya el monto anticipado, afectando el principio de mutualización del riesgo. En tercer lugar, dijeron desde Hacienda, por el cambio de la base de cálculo del anticipo desde la reserva técnica a la prima originalmente traspasada. Por último, según lo aprobado por la Cámara, porque las nuevas condiciones se aplicarían de manera retroactiva al primer anticipo.
"En base a estos factores, la CMF estima que, de cada UF 150 que obtendrían los pensionados bajo las nuevas condiciones, sólo la mitad podría catalogarse como anticipo, mientras que la mitad restante –equivalente a aproximadamente UF 75- serían de cargo del patrimonio de las compañías", apuntaron.
Además de la estabilidad financiera, el Consejo también advirtió sobre el impacto fiscal de la medida, ya que de si las aseguradoras no pueden responder al pago de las pensiones, existe una garantía estatal que se activaría, la que, sin embargo, solo cubre 75% de la pensión, con un tope de UF 45.
"Más allá de estos efectos inmediatos, el CEF advierte de las graves consecuencias que este proyecto de ley generaría al desarrollo de la industria de seguros –tanto de seguros generales como de seguros de vida– y al funcionamiento del mercado de capitales, los que serían sustanciales y duraderos, generando seguros, créditos y productos financieros más costosos para la ciudadanía", cerraron.
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