El conflicto entre el Estado y las aseguradoras por la aprobación por parte del Congreso del anticipo de rentas vitalicias está lejos de acabarse.
El miércoles el Tribunal Constitucional (TC) acogió los requerimientos de dos aseguradoras respecto de inconstitucionalidad de la ley que permitió el anticipo, aunque desestimó otras tres solicitudes de dos compañías de seguros.
Mientras las partes esperan que el TC dé a conocer los argumentos que favorecieron a Bice Vida y Penta versus el rechazo a la solicitud de Renta Nacional y 4 Life, abogados del mercado proyectan una serie de escenarios.
“Una vez que salga la sentencia, se reactivará el proceso en la Corte de Apelaciones y ésta, al momento de dictar sentencia respecto de la legalidad de lo obrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), no va a poder considerar la ley utilizada en este mal denominado anticipo”, dice el abogado de Bice Vida, Juan Francisco Asenjo.
Cabe recordar que, tras la aprobación de la ley en el Congreso, la CMF dictó las normas que regularon el anticipo de rentas vitalicias.
El abogado constitucionalista José Manuel Díaz de Valdés, indica que “si la Corte decide que lo que hizo la CMF cuando reguló fue ilegal e inconstitucional, va a obligar a que se dicten nuevas normas”.
Por su parte, el socio de Larraín y Asociados, Víctor Manuel Avilés, recalca que, de ganar las aseguradoras, no se les podrá exigir, en el caso concreto de Bice Vida y Penta Vida, la entrega de los fondos, bajo el principio de inaplicabilidad.
Ajuste de cuentas
Uno de los escenarios más probables es que tras la sentencia las aseguradoras inicien juicios por responsabilidad civil en contra del Estado, en base a una indemnización por perjuicios.
“Este es un procedimiento ordinario que se plantea contra el Fisco de Chile y se dictamina en un juzgado civil. La segunda instancia es la Corte de Apelaciones y eventualmente puede llegar por vía de casación a la Corte Suprema”, explica Asenjo, asegurando que ya estaría esta opción dentro de los planes de algunas aseguradoras.
Díaz de Valdés señala que las compañías “están tratando de que el Estado reconozca que lo que hizo fue obligarlas a pagar y esto era inconstitucional. Por tanto, que le devuelvan la plata”.
“Las aseguradoras van a pedir indemnización y ahí vamos a ver lo que hace el Estado”, añade.
¿Devolución de dineros?
Otra de las opciones que se plantea es permitir a las aseguradoras recuperar los fondos distribuidos anteriormente. Sin embargo, de acuerdo a la mayoría de los expertos, esto estaría lejos de concretarse.
Desde Bice Vida, Asenjo es enfático en señalar que “no está en planes de la compañía” pedir devolución de los fondos retirados a los clientes, ya que “los afiliados o pensionados que ejercieron el derecho lo hicieron perfectamente legal, amparados en una norma vigente en ese momento”.
Asimismo, el abogado y exmiembro del TC, Enrique Navarro, comenta que, para llegar a ese punto, tendría que iniciarse otro mecanismo impugnatorio en donde eventualmente se cuestionara el pago ya realizado.
“Eso creo que es un poco más difícil y complejo, pero teóricamente también podría realizarse y plantearse en un tribunal”, añade.
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AFP
