Una nueva arista judicial se abrió en el caso que involucra a la aseguradora Chilena Consolidada en contra de dos de sus principales exejecutivos, José Manuel Camposano y Roberto Machuca, quienes habrían participado en la suscripción de pólizas con sobreprecios a dos sindicatos de Codelco a través de la empresa Gys.
Tras ser despedidos por Zurich, controlador de Chilena Consolidada, ambos exejecutivos presentaron demandas laborales en contra del grupo asegurador por despido indebido, entre otras causales.
La última acción judicial en avanzar fue la iniciada por el exsubgerente general de Chilena Consolidada, Roberto Machuca, la que hace pocos días vivió la audiencia preparatoria en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Los correos
En la instancia, uno de los medios de prueba que ofreció Chilena Consolidada para que el Tribunal las declare admisible fueron dos cadenas de correos electrónicos que involucraría al exejecutivo en conversaciones para una suscripción de pólizas por parte del Sindicato Número 1 de Minera Escondida, controlada por BHP Billiton.
Ambos e-mails tenían por asunto "Condición emisión póliza fondo de bienestar MEL Ltda. (Escondida)" y "Prestadores dentales y contralores colectivo dental sindicato N°1 MEL".
En algunos de los correos se mencionan a Camposano, a Machuca, y al gerente general de GyS, Héctor Flores.
"Roberto, para que estemos alineados y podamos emitir esta póliza hoy lo único que nos falta son las Condiciones Particulares aprobadas por UW. Lo conversamos con Ricardo, quien entiendo está redactando estas condiciones finales", escribió el 31 de julio la exsubgerenta de operaciones de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Andrea García.
Con todo, el tribunal desestimó incluir estas pruebas para la audiencia de juicio, la que se llevará a cabo en noviembre, debido a que la materia no era parte de esta demanda laboral, por no encontrarse como causa en la carta de despido que le envió Chilena Consolidada a Machuca.
"La investigación está relacionada en cuanto al Sindicato de Minera Escondida directamente con la sociedad de asesoría Gestión y Servicios. Las dos cadenas de correos electrónicos que se están ofreciendo, dicen relación directa con GyS y la participación del demandante eventualmente", dijo la parte defensora de la compañía de seguros.
Sin embargo, para resolver el punto, los representantes de Machuca, RCZ Abogados, pidieron oficiar al referido sindicato. "Que informen si al año 2017 dicho sindicato mantenía seguros de vida colectivos en materia dental con la compañía de seguros Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. y, en su caso, que informe con cuáles ejecutivos o trabajadores de la empresa Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. se negoció el seguro colectivo dental vigente al año 2017", apuntaron.
La exigencia de Machuca
Para llevar adelante el proceso, la defensa de Machuca exigió que la aseguradora presente previo a la audiencia de noviembre diversos documentos, a lo que el tribunal accedió.
Uno de ellos es el informe de la auditoría llevada a cabo en 2019 y presentada al directorio en octubre de ese año, que guarda relación a las pólizas de seguros contratadas con los sindicatos de Codelco y que, de forma interna, se conoció como "Proyecto Arcadia".
También deberá incluir el acta de las entrevistas y declaración de Machuca en dicha investigación y las declaraciones del exgerente de División Empresas de Chilena Consolidada Vida, Arturo Fuenzalida.
La parte demandante también solicitó el Power Point realizado al directorio de la aseguradora por parte de su fiscal, Mauricio Santos, en octubre de 2019, donde mostró antecedentes del caso.
Por último, solicitó el balance de la compañía a 2019 y la copia del finiquito suscrito por Arturo Fuenzalida, además de la copia de liquidaciones de remuneraciones de Machuca en los meses donde se pagaron distintos bonos de incentivos, los que son parte de su demanda laboral.
Conciliación fallida
Como es obligatorio en este tipo de audiencias laborales, el tribunal debe llamar a conciliación a las partes.
La magistrada Claudia Tapia propuso como base de acuerdo, el pago de los años de servicios, en un monto de $ 216,9 millones, y sustitutiva por $ 15,4 millones.
Sin embargo, y de forma similar a lo que ocurrió en el caso de Camposano, la empresa ofreció $ 52,3 millones para alcanzar un acuerdo.
"El tribunal tiene por frustrado el llamado a conciliación", dice en el acta de la audiencia.
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