Luego de que el martes el Banco Central expuso sobre el impacto de un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones en el Senado, ayer fue el turno de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que, a través de su presidente, Joaquín Cortez, realizó observaciones sobre la propuesta de segundo anticipo de rentas vitalicias que se discute en la Comisión de Constitución.
Aunque Cortez entregó información ya conocida respecto a las consecuencias negativas que podría tener un nuevo adelanto en la industria aseguradora y sus clientes, también aportó antecedentes frescos al debate, contenidos en los anexos de su presentación.
Una de las nuevas advertencias de la CMF fue que para hacer frente al segundo anticipo, en el peor escenario, la industria aseguradora deberá liquidar activos hasta por US$ 5.331 millones, esto es, si todos los pensionados de rentas vitalicias anticiparan el máximo posible que permite el proyecto.
En ese sentido, especificó que siete de 15 compañías de seguros de vida hoy no tienen la caja necesaria para enfrentar el proceso, por lo que deberán liquidar activos de mayor plazo para poder efectuar los pagos, situación que les significará un costo adicional.
“Esta moción tiene un impacto importante en la liquidez de las compañías de seguros. Las estimaciones que ha hecho nuestro equipo técnico dicen que en este caso hay siete compañías de seguros de vida que no tendrían suficientes activos líquidos para pagar el anticipo”, advirtió.
“No hemos contemplado en estas estimaciones el impacto patrimonial que se genera por el costo financiero de generar la liquidez por salir a vender activos en un mercado que hoy día está bastante ilíquido”, agregó.
El impacto patrimonial
Además del análisis de liquidez, Cortez también dio a conocer proyecciones sobre el efecto en el patrimonio de las compañías de seguros.
Anteriormente, en una minuta, la CMF había adelantado que hasta un 57% del patrimonio de las aseguradoras de vida podría verse afectado con la reforma constitucional que permitiría el segundo anticipo, pero ayer Cortez fue más preciso respecto del impacto en los niveles de solvencia de éstas, los que se verían fuertemente golpeados.
Considerando el peor escenario, el indicador que mide el nivel de endeudamiento de la industria de rentas vitalicias pasaría desde 10,4 veces el patrimonio a 34,2 veces, en un contexto en que el máximo permitido por la normativa de la CMF es de 20.
A lo anterior se suma que el ratio de fortaleza patrimonial de las aseguradoras caería de 1,94 veces a 0,93%, cuando el mínimo es de 1.
Es por eso, apuntó Cortez, que las aseguradoras necesitarán de US$ 1.000 millones para cumplir con el mínimo de sus obligaciones de solvencia.
Cabe recordar que a inicios de la semana pasada la CMF había advertido que hasta nueve compañías de seguros de vida podrían caer en insolvencia de aprobarse el actual proyecto que se encuentra siendo discutido en el Senado.
“Al debilitarse la base de capital ante posibles nuevos eventos de tensión, aumenta el riesgo de que las compañías no puedan pagar las pensiones u otros seguros. Vale decir, el capital es un ‘colchón’ que tienen las compañías para eventos inesperados”, explicó.
El golpe a los pensionados
Más allá del impacto que podrían recibir las compañías de seguros de vida, Cortez también expuso el efecto que ocurriría sobre los pensionados de rentas vitalicias.
Para ello, el regulador ejemplificó con un jubilado promedio de esta modalidad de pensión, de 72 años, un grupo familiar promedio y una reserva técnica de $ 53 millones y una pensión de $ 310.200.
“Con posterioridad al primer anticipo, y dado que estamos suponiendo que retiró el 10%, su pensión cayó a $ 283.200. Y cuando realice el segundo anticipo, dado que la caída en la pensión está limitada al 5%, su pensión caería a $ 269.000”, señaló.
“Dios no lo quiera, pero si la compañía de seguros de vida llega a caer en insolvencia y se hace efectiva la garantía por quiebra, esta pensión caería a $ 243.224. Vale decir, en un año esta persona dejaría de recibir $ 804.000 de menores ingresos, lo cual, a juicio nuestro, es bastante dramático”, acotó.
Críticas de los senadores
Al igual que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, el senador Alfonso de Urresti fue crítico con Cortez sobre sus comentarios sobre el segundo anticipo.
El parlamentario socialista apuntó en contra del largo paso laboral por la industria aseguradora y de AFP de Cortez y sus advertencias por el costo fiscal y la reputación del país en el caso que las aseguradoras decidieran demandar al Estado si se aprueba el adelanto.
“Tengo una larga trayectoria de 40 años al menos en el mercado financiero y no solo en compañías de seguros y AFP, sino que también fui director de bancos. Creo que es por esa trayectoria que me invitaron a ser parte del Consejo de la Comisión (CMF)”, respondió Cortez.
“Cuando uno está afuera uno tiene que defender al país, pero esto lo hace más difícil”, añadió el regulador.
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