En junio de este año, en medio de la ejecución del primer anticipo de rentas vitalicias, la Cámara de Diputados conformó una comisión especial para investigar el negocio previsional de las compañías de seguros, además de ahondar en el rol de los reguladores relacionados: la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones (SP).
Luego de seis meses de trabajo, en el que asistieron una veintena de invitados, la instancia liderada por la diputada Alejandra Sepúlveda emitió el 10 de diciembre un informe con conclusiones críticas hacia la CMF y la SP, además de la industria aseguradora.
El reporte contradice varios puntos que los mismos exponentes se encargaron de aclarar en la instancia parlamentaria, entre ellos, los representantes de ambos reguladores encabezados por el presidente de la CMF, Joaquín Cortez, y por el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.
Los anticipos
Uno de los principales cuestionamientos que hace el informe es la manera en que la CMF interpretó la reforma constitucional que permitió el primer adelanto de rentas vitalicias promovida por parlamentarios de oposición.
Además, criticó el papel que jugó la CMF en el proyecto que permitió un nuevo anticipo, cuando advirtió que hasta nueve aseguradoras podían caer en insolvencia y, por lo tanto, se ponían en riesgo las pensiones de miles de jubilados de esta modalidad.
Tras exponer algunas cifras respecto de la rentabilidad de la industria, el informe concluye que “las aseguradoras están lejos de irse a la quiebra, como se ha mencionado en forma reiterada para fundamentar y rebatir el pago del anticipo de rentas vitalicias a los afiliados a esta modalidad que estimaron solicitar dicho monto”.
Esa conclusión se expone pese a que expertos que fueron a exponer a la comisión, como por ejemplo el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se sumaron a las advertencias de la CMF.
“Hay cierto desconocimiento de cómo operan las rentas vitalicias, y que de entenderse a cabalidad qué está en juego, probablemente no existiría esta comisión. Es más, pienso que, si cualquiera de los que estamos en esta reunión hoy hubiésemos estado en la CMF, habríamos hecho exactamente lo que sus comisionados decidieron hacer”, dijo Valdés en una minuta.
El exsuperintendente de Valores y Seguros, Alberto Etchegaray, fue otro que defendió al regulador. “Aunque no tengo el honor de estar hoy sentado en el consejo de la CMF, me parece correcto transparentar que si hubiera sido parte de la CMF habría actuado en esta coyuntura tal y como ellos han actuado”, dijo en su presentación.
“Caja negra”
Otra de las críticas que hace el informe es que la forma de cálculo de los montos de las pensiones de las rentas vitalicias es una “caja negra”, expresión que usaron desde la Fiscalía Nacional Económica (FNE), cuando expusieron en la comisión sobre el estudio del mercado de rentas vitalicias que elaboró en 2018.
El informe cuestiona que el proceso de jubilación con una aseguradora sea “engorroso y difícil”, apuntando en contra de la CMF y la Super de Pensiones.
Sin embargo, la instancia parlamentaria también desconoció que tras el estudio del mercado que emitió la FNE, tanto la CMF como el regulador previsional llevaron a cabo las sugerencias que entregó la entidad pública.
Consultados, desde la Superintendencia de Pensiones aclararon que la CMF es la entidad que regula la industria aseguradora de vida, aunque señalaron que "dado el férreo compromiso que tiene esta Superintendencia para con las y los usuarios del sistema de pensiones, es nuestro deber también aclarar que la SP, en conjunto con la CMF, en su momento analizaron las propuestas planteadas por la FNE en su informe sobre el mercado de rentas vitalicias e implementaron las mejoras regulatorias que, en su evaluación técnica y también legal, consideraron pertinentes, correctas desde lo normativo y beneficiosas para las y los afiliados".
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