Una voz recurrente en el debate previsional es la del economista de la Universidad Católica, David Bravo. No por nada una comisión presidencial (2014-2015) sobre la materia lleva su apellido.
Actualmente dirige el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC y en 2019 la Asociación de Aseguradores le encargó un estudio sobre el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), póliza que esta semana hizo noticia por las dificultades que ha exhibido su última licitación debido al menor interés de las compañías de seguro por participar, ya que durante los últimos tres años se produjo un aumento explosivo de la siniestralidad.
“En un principio el SIS tuvo un buen diseño en 2009 porque aportó mayor transparencia, competencia y la eliminación de subsidios cruzados. Pero, con el paso de los años, se requiere hacer un ajuste ya que no es sustentable en el tiempo dada la creciente siniestralidad de este seguro”, indica Bravo.
En conversación con DF, Bravo comparte las principales recomendaciones que hizo en enero sobre el SIS al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez.
Homologación con ley de accidentes laborales
Bravo establece que el SIS y la Ley de enfermedades y accidentes profesionales tienen un punto común: la seguridad social. Por ello, estima que las pensiones de invalidez deberían ser pagadas con cargo al SIS, pero hasta la edad legal de pensión. Desde ese momento, los ahorros que acumulen los trabajadores cubrirán la jubilación.
Actualmente, quienes se pensionan por el SIS reciben el 70% de los ingresos promedio de los últimos diez años laborales hasta la fecha de su muerte.
Seguimiento a las Comisiones Médicas
Una de las principales preocupaciones de la industria aseguradora es el rol que están cumpliendo las Comisiones Médicas en el SIS, dado que son el ente que finalmente aprueba o rechaza la solicitud de invalidez.
Según el estudio de Bravo, entre 2016 y agosto de 2019, las solicitudes del SIS aumentaron en 73%, pasando de 1.340 peticiones mensuales a 2.137 requerimientos.
En el mismo período, los dictámenes de invalidez de las Comisiones Médicas se incrementaron en 59%, en línea con las mayores solicitudes del SIS.
“El aumento de las solicitudes del SIS está relacionado con el mayor conocimiento que tienen las personas sobre el sistema de pensiones, entonces, ante la posibilidad de tener una mejor jubilación por esta vía, han utilizado las herramientas que les da el sistema”, afirma.
Por ello, Bravo propone formar un sistema de información para el seguimiento, estandarización y evaluación del trabajo de las Comisiones Médicas Regionales del SIS en base a registros individuales e incrementar la información de los casos individuales que se analizan al interior de este ente.
Mesa de seguimiento
Considerando que la institucionalidad del SIS involucra a dos instituciones reguladoras, la Superintendencia de Pensiones y la CMF, Bravo propone establecer una mesa de seguimiento continua.
“Deberían participar tanto la institución que agrupa al conjunto de las AFP para el SIS como a la que agrupa a las instituciones aseguradoras. Esta mesa debería reunirse mensualmente con el objeto de monitorear la evolución del SIS en sus distintos indicadores. Para ello, es fundamental contar con los sistemas de información antes propuestos”, señala el documento del economista de la UC.
Bases flexibles
Uno de los aspectos que complejizaron la licitación del SIS para el período 2020-2022 fueron sus bases de licitación, ya que las aseguradoras consideraron que el riesgo seguía siendo alto, considerando el aumento de la siniestralidad.
Dentro de sus recomendaciones, Bravo planteó que las licitaciones deben incorporar “escenarios de variaciones significativas en la tasa de interés de mercado y la tasa de siniestralidad que permitan la modificación de la prima del seguro dentro del contrato”.
Reincidentes
Uno de los factores asociados al aumento de las solicitudes de invalidez que se registra a partir de marzo de 2016 es el aumento aún mayor en las solicitudes por parte de afiliados con presentaciones previas rechazadas o “reincidentes”. El incremento en estos casos representa aproximadamente un 20% del aumento en las solicitudes entre marzo de 2016 y septiembre de 2019.
“Se propone que cuando estas nuevas solicitudes se produzcan dentro de un período de tiempo determinado (dentro de los 24 meses siguientes a la fecha del dictamen que rechazó la solicitud), sean revisadas por una instancia especial determinada a nivel central, que evaluará si existen nuevos antecedentes que ameriten su análisis por parte de la Comisión Médica Regional”, recomienda el documento de Bravo.
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