Discusión debuta en el Congreso con dudas sobre integración, PYME y norma antielusión

Pasó de todo en la sesión de ayer de la comisión de Hacienda de la Cámara que analizaba el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo. Risas, salidas de libreto tanto del ministro Felipe Larraín, como del presidente de la instancia, Pablo Lorenzini, y en general un buen ánimo de las partes. Pero también hubo momentos de tensión, una ponencia interrumpida constantemente y, por sobre todo, dudas.

Las dos horas y media de presentación del secretario de Estado no parecieron suficientes para abordar las más de 300 páginas que tiene el proyecto, lo que incluso hizo necesario citar a una nueva sesión el 25 de septiembre.

En su exposición, Larraín hizo una férrea defensa de la iniciativa ingresada a trámite a fines de agosto al Congreso, enfrentándose a las constantes solicitudes de aclaración de parlamentarios de bancadas transversales, como Giorgio Jackson (RD), Manuel Monsalve y Marcelo Schilling (PS) y Daniel Núñez (PC), entre otros.

El economista comenzó quizá con el punto más resistido por la oposición: la integración del impuesto personal con el corporativo, al alero de la creación de un nuevo sistema integrado único para todas las empresas, exceptuando a las PYME –que tributarán en su propio esquema-.

La autoridad reveló que de aprobarse el proyecto el próximo ejercicio, los contribuyentes deberán declarar sus rentas en base al nuevo esquema en la Operación Renta de 2020, en base a información del año comercial 2019.

Larraín, junto con reiterar que la mayoría de los socios de empresas que se beneficia con la integración –en consecuencia, con una rebaja de 9,45% en su tributación personal- pertenece a PYME, reveló que el 91% de los socios de compañías están bajo el tramo de 13,5% de tasa de Global Complementario y apenas el 3% en el gravamen máximo (35%).

El ministro prosiguió señalando que de los US$ 833 millones que cuesta integrar el sistema, el 41% corresponde a micro y pequeñas empresas –con ventas menores a 100 mil UF al año-, el 40% a compañías extranjeras que se gravan con impuesto adicional y el 18% a grandes empresas chilenas. En este punto se generó la primera discrepancia. El diputado Jackson interrumpió a la autoridad y advirtió que dichas cifras no coinciden con lo expuesto por la Dirección de Presupuestos (Dipres) a días de presentarse el proyecto.

Para justificar la integración y la creación de la cláusula PYME, la autoridad reveló que solo el 24% de las firmas de menor tamaño estaban acogiéndose a los beneficios del régimen simplificado del 14 ter y que, de hecho, un 90% de las que tributan en el régimen semi integrado son micro, pequeñas y medianas (Mipyme). Jackson, Schilling y el DC José Miguel Ortiz, plantearon la duda de “cómo llegaron a ese régimen”. Larraín contestó que el sistema contemplaba un “peaje muy alto” para el pago de los recursos acumulados del FUT que desincentivó a las compañías a pasar a ese régimen.

Prosiguiendo con su ponencia, Larraín enfrentó las críticas por los cambios en las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la creación de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon). De hecho, Lorenzini le advirtió ministro que los funcionarios estaban “molestos” con los cambios.

Respecto a la defensoría, los legisladores reprocharon que sea un ente asesor de los contribuyentes, que no litigue a favor de ellos y criticaron que tenga jerarquía similar a la del SII. Larraín replicó asegurando que “no se busca menoscabar la autonomía del SII” y que la Dedecon “ayudará a descongestionar los tribunales tributarios”, al igual que el advenimiento judicial por dos años que contempla el proyecto.

El análisis de la norma antielusión fue uno de los momentos en los que los parlamentarios opositores prestaron más atención a Larraín, deslizando críticas a que el proyecto “debilita y reduce” el ámbito de acción de la cláusula. “El proyecto no debilita la norma, sino que la profundiza y la fortalece para hacerla plenamente aplicable para el contribuyente”, recalcó.

Para exponer sobre el proyecto ya están invitados las asociaciones de funcionarios del SII y los tribunales tributarios, además de la Sofofa y Conapyme, entre otras. Se prevé al menos 15 audiencias.