Superintendencia de Salud abre fiscalización en Clínica Las Condes por reciente bloqueo de agendas a grupo de médicos

Mientras el conflicto al interior de Clínica Las Condes entró esta semana en una virtual tregua por las conversaciones en curso entre el estamento médico y los controladores para alcanzar un acuerdo, uno de los episodios recientes de esta disputa está teniendo implicancias en el presente.

La Superintendencia de Salud inició ayer un proceso de fiscalización a la institución privada destinada a investigar las eventuales consecuencias para sus pacientes por causa de la decisión de la administración de suspender las agendas de consulta de un grupo de 155 médicos y/o sociedades médicas que incumplieron el pago del canon de arrendamiento del mes de agosto pasado.

“Entregamos toda la información a la Superintendencia de Salud que confirma que se ha atendido en forma permanente e ininterrumpida a todos los pacientes -sin ninguna excepción- con plena calidad, normalidad y continuidad de atención, tanto en nuestros servicios clínicos, hospitalarios y de urgencia”, señaló CLC. Asimismo, indicó que el servicio “fue inmediatamente restablecido luego del cumplimiento del contrato vigente”.

Cabe recordar que mientras los médicos vinculados a este episodio argumentaron que hubo un ofrecimiento de CLC de no cobrar los alquileres por los meses de julio y agosto ante los efectos de la pandemia, la administración negó que haya existido un acuerdo vigente en este sentido. Finalmente, casi la totalidad de los profesionales vinculados a este episodio ya había concretado el pago de esa obligación la semana pasada.

Respecto de los alcances de la fiscalización de la superintendencia, trascendió que su objetivo es comprobar la existencia de posibles perjuicios derivados de la cancelación de atenciones basados en el resguardo de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Las indagaciones apuntan a comprobar si existieron personas afectadas, en qué cantidad y si eso tuvo repercusiones en el desarrollo de tratamientos. En este tipo de fiscalización, las multas ascienden a 500 UF, que se duplica en el caso de una reiteración.