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REGÍSTRATE AQUÍ“Entregamos toda la información que confirma que se ha atendido en forma permanente a los pacientes”, dice CLC.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 29 de octubre de 2020 a las 04:00 hrs.
Mientras el conflicto al interior de Clínica Las Condes entró esta semana en una virtual tregua por las conversaciones en curso entre el estamento médico y los controladores para alcanzar un acuerdo, uno de los episodios recientes de esta disputa está teniendo implicancias en el presente.
La Superintendencia de Salud inició ayer un proceso de fiscalización a la institución privada destinada a investigar las eventuales consecuencias para sus pacientes por causa de la decisión de la administración de suspender las agendas de consulta de un grupo de 155 médicos y/o sociedades médicas que incumplieron el pago del canon de arrendamiento del mes de agosto pasado.
“Entregamos toda la información a la Superintendencia de Salud que confirma que se ha atendido en forma permanente e ininterrumpida a todos los pacientes -sin ninguna excepción- con plena calidad, normalidad y continuidad de atención, tanto en nuestros servicios clínicos, hospitalarios y de urgencia”, señaló CLC. Asimismo, indicó que el servicio “fue inmediatamente restablecido luego del cumplimiento del contrato vigente”.
Cabe recordar que mientras los médicos vinculados a este episodio argumentaron que hubo un ofrecimiento de CLC de no cobrar los alquileres por los meses de julio y agosto ante los efectos de la pandemia, la administración negó que haya existido un acuerdo vigente en este sentido. Finalmente, casi la totalidad de los profesionales vinculados a este episodio ya había concretado el pago de esa obligación la semana pasada.
Respecto de los alcances de la fiscalización de la superintendencia, trascendió que su objetivo es comprobar la existencia de posibles perjuicios derivados de la cancelación de atenciones basados en el resguardo de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Las indagaciones apuntan a comprobar si existieron personas afectadas, en qué cantidad y si eso tuvo repercusiones en el desarrollo de tratamientos. En este tipo de fiscalización, las multas ascienden a 500 UF, que se duplica en el caso de una reiteración.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El ministro del Trabajo también anunció que se ingresarán nuevas medidas de adaptabilidad laboral en las próximas semanas e hizo un llamado a los empresarios a contratar trabajadores.