Un ataque de mineros informales dejó a 13 sin vida trabajadores de una mina vinculada a la gigante aurífera Poderosa. Tras ello, la Presidenta Dina Boluarte decretó el cese de las operaciones de las compañías que operan en la provincia de Pataz, donde sucedieron los hechos.
Esta medida fue criticada por diversos organismo, incluyendo que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) cuestionó la decisión del Gobierno y llamó a "no ahogar" a la minería legal en el país.
A su juicio, la decisión "ocasionará un grave impacto económico y social para la región La Libertad y el país".
Además, dijo, "refleja el escaso conocimiento que tiene el Gobierno en torno a las complejidades para el desarrollo de las actividades mineras y los riesgos ambientales, operativos y sociales que implica detener las operaciones por 30 días".
La Snmpe argumentó que la suspensión es "innecesaria" porque "existe una clara diferenciación entre una bocamina legal con una ilegal, pues las bocaminas ilegales están georeferenciadas, lo que puede permitir una actuación oportuna y precisa de la autoridad policial".
Asimismo, cuestionó que la única alternativa posible incluya parar la operación formal, porque son estás las que se convierten en víctimas no solo del accionar de los mineros ilegales, sino "también de la ineficacia del Estado peruano que no ha sabido enfrentar el flagelo de estas actividades ilegales que ha puesto en riesgo la seguridad nacional y de los peruanos".
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“Una unidad de producción minera no puede detenerse, operativamente hablando, de golpe. Esto implica un riesgo, por ejemplo, de colapso de la presa de relaves, que debe monitorearse las 24 horas. Esto sin contar riesgos de infraestructura, como posibles inundaciones o acumulación de gases, si no está el personal que monitorea y controla estos sistemas de bombeo”, explicó el organismo minero energético.
La región de La Libertad aporta el 33% de la producción de oro nacional, por ende, la suspensión de actividades por 30 días "ocasionará pérdidas a las mineras formales y las comunidades que les prestan servicios, que el día de hoy ya son víctimas de la minería ilegal".
Finalmente, las pérdidas de recursos que genera la minería formal por concepto de canon y regalías para La Libertad, se estima que sufrirá una reducción de cerca de US$ 7 millones mensuales; y en lo que respecta a las exportaciones del Perú, se dejaría de percibir divisas por más de US$ 80 millones al mes.
Toda esta situación ha generado que una "desnaturalización de la formalización minera hasta convertirse en un incentivo perverso para la minería ilegal disfrazada de legalidad”.
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