El Gobierno de Argentina lanzó este jueves un nuevo programa fiscal con el que busca incentivar que los ciudadanos saquen “los dólares que tienen bajo el colchón”, lo que permitiría dinamizar la economía.
Según explicaron voceros del Ejecutivo, la idea es volcar las divisas en la economía informal a la formal al eliminar -entre otros aspectos- la necesidad de justificar el origen de los recursos.
El encargado de presentar el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” fue el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado del vocero presidencial -y recién electo legislador por Buenos Aires-, Manuel Adorni. También estuvieron el presidente del banco central, Santiago Bausili, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.
"Venimos a devolverles la libertad de sus ahorros", expresó Caputo al dar contexto a la decisión del Gobierno. "En los últimos 25 años Argentina paso a duplicar su nivel de gasto. Se llegó a un nivel de locura, que a la gente se le hace insoportable lidiar con todos esos controles", argumentó.
"Eso hizo que más gente se vaya a la informalidad. No podemos seguir financiando este déficit con suba de impuestos", criticó. "Pasamos de un esquema en el que los pesos sobraban, a otro en donde los pesos faltan: el nivel de pesos emitidos es muy bajo", agregó.
Por su parte, Adorni aseguró que ahora “los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”. “Tus dólares, tu decisión”, aseveró para luego detallar que el plan tendrá dos etapas: una aplicada por el Presidente Javier Milei a través de un Decreto Nacional de Urgencia (DNU), y otra que mandarán como un proyecto de ley al Congreso para evitar que futuras administraciones dicten medidas en la dirección contraria.
Se estima que los argentinos guardan entre US$ 250.000 y US$ 400.000 millones. Como referencia, el PIB de Chile está en torno a los US$ 335.000 millones, el de Colombia en US$ 360.000 millones y el de Argentina en unos US$ 630.000 millones.
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¿Qué se cambia?
Una de las decisiones centrales fue la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde 32.000 pesos argentinos (unos US$ 39), publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.
También se prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar y se incluyó la modificación de los umbrales de los regímenes que se mantienen vigentes.
A partir de ahora, los bancos sólo deberán informar transferencias y acreditaciones bancarias superiores a 50 millones de pesos en el caso de personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Para las extracciones en efectivo, el piso se elevó a 10 millones de pesos tanto para individuos como para empresas, en línea con “los estándares internacionales”.
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Preocupación del FMI
El anuncio generó reacción en el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo, en voz de Julie Kozack, directora de comunicaciones del ente, advirtió que “cualquier nueva medida, incluidas las que puedan estar dirigidas a fomentar el uso de activos no declarados, debe ser, por supuesto, coherente” y cumplir con los esquemas internacionales contra el blanqueo de dinero, que se incluyen como parte de su actual programa de US$ 20.000 millones.
La Casa Rosada aseguró que las acciones no constituyen un blanqueo de capitales y que buscan permitir el uso de dólares sin temor a regulaciones.
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