Por Christine Murray
Ciudad de Panamá
Desde hace más de un siglo, las plantas de banano han florecido en el rincón noroeste del Caribe panameño.
Hoy, miles de hectáreas podrían pudrirse en los campos después de que el gigante frutícola Chiquita Brands decidiera detener todas sus operaciones luego de que la economía local fuera paralizada por manifestantes que desafiaban una reforma de pensiones del Gobierno.
Panamá, que en su día fue una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, sufre niveles de inestabilidad normalmente reservados para sus vecinos. El cierre abrupto de Chiquita, con sede en Suiza, el mes pasado marca la tercera vez que una importante inversión extranjera en Panamá enfrenta problemas en menos de dos años.
A medida que la profunda indignación pública por la desigualdad y la corrupción de las élites se intensifica ante las amenazas del Presidente estadounidense Donald Trump de "recuperar" el Canal de Panamá, se teme que se repita el movimiento de protesta de 2023 que paralizó la economía. Esto podría destruir sus últimas esperanzas de convertirse en el "Singapur de Latinoamérica".
“La confrontación que el Gobierno mantiene con grupos sociales podría descontrolarse”, declaró Eduardo Gil, secretario general de la Confederación Comercial Sindical, uno de los grupos de trabajadores que protestaban. “Nadie en el país quiere eso, pero es muy posible si no encontramos la vía adecuada para el diálogo”.
Muchos temen que el mandatario conservador José Raúl Mulino, elegido el año pasado con un mandato limitado, no tenga lo necesario para sacar al país del abismo.
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Obtuvo solo un tercio de los votos en las elecciones de mayo de 2024, después de haber sido incluido en la boleta en el último minuto como sustituto del popular exPresidente Ricardo Martinelli, quien se mudó a Colombia para evitar ir a prisión por una condena por lavado de dinero en su país.
El país seguía convulsionado desde 2023, cuando la ira por la corrupción estalló en protestas masivas. Cientos de miles de personas salieron a las calles, lo que provocó el cierre de una de las minas de cobre más grandes del mundo, propiedad de la canadiense First Quantum Minerals.
La empresa, a la que los manifestantes acusaron de corrupción y de daños ambientales, abandonó recientemente un arbitraje multimillonario y está en conversaciones con el Gobierno para reabrirlo, pero no se ha tomado ninguna decisión final.
Un breve período de calma después de la elección de Mulino se vio interrumpido en diciembre, cuando Trump comenzó a amenazar con recuperar el canal debido a la participación de empresas chinas en ese importante paso marítimo.
“El impacto de Trump ha sido devastador para la situación interna”, afirmó José Stoute, analista político panameño. “El efecto Trump ha profundizado la deslegitimación del Gobierno”.
Los auditores del Ejecutivo panameño comenzaron a investigar las concesiones portuarias de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, que finalmente acordó vender sus activos como parte de un acuerdo más amplio que ha sido objeto de escrutinio por parte de los reguladores chinos.
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Pero el acuerdo de Mulino para ampliar la presencia militar estadounidense en el canal tocó una fibra sensible en un país donde muchos todavía recuerdan la invasión estadounidense de 1989 que mató a cientos de panameños.
La imagen de Mulino se ha desplomado del 58% que lo veía positivamente en noviembre a apenas el 23% en abril, según encuestas de Doxa Panamá.
La crítica es "nada justa", dijo Carlos Ruiz-Hernández, exviceministro de Relaciones Exteriores de Mulino, quien participó en las conversaciones con Estados Unidos. "Fue muy difícil encontrar el equilibrio adecuado".
Cuenta con cierta simpatía por parte de los líderes empresariales, quienes entienden que el Tesoro de Estados Unidos tiene las palancas para estrangular la economía de Panamá en cuestión de horas.
En el contexto de las negociaciones con EEUU, el movimiento de protesta resurgió con fuerza en abril, cuando los trabajadores de Bocas del Toro, en el remoto noroeste del país, iniciaron una huelga contra la reforma previsional de Mulino. Los huelguistas han establecido bloqueos de carreteras mientras la región, ya empobrecida, se precipita hacia una crisis económica, con la pérdida de 6.500 empleos y los estantes de los supermercados vacíos.
Semanas después del inicio de las protestas y la huelga de los trabajadores, Chiquita suspendió sus operaciones y despidió a sus trabajadores. No está claro si la empresa, que en su día ejerció un poder considerable en las "repúblicas bananeras" de Centroamérica, consideraría reanudar sus operaciones.
Muchos lugareños están pensando en irse de la región, dijo Carolina Lescure, dueña de una chocolatería cercana. Estas últimas protestas fueron "la gota que colmó el vaso", dijo, y añadió que necesitaban "mucho más apoyo de las autoridades".
El ministro de Finanzas, Felipe Chapman, dijo en una entrevista que el gobierno estaba abierto al diálogo pero que algunos manifestantes mantenían posiciones “extremadamente radicales”.
“Mucha gente tiene derecho a estar molesta por muchas cosas”, dijo, desde la falta de agua hasta la desigualdad y la educación. “Hay que abordarlas, pero deben abordarse de forma sostenible y pacífica”.
“Hemos heredado enormes desafíos y hemos tenido la responsabilidad y el coraje de enfrentarlos”.
Varios observadores comentaron que Mulino, un abogado de modales bruscos, parecía muy “solo” en su manejo de la crisis y carecía del carisma y el conocimiento político necesarios para superarla.
Hasta el momento no ha habido manifestaciones masivas en la capital, pero no está claro cómo Mulino planea evitar una escalada y recuperar la reputación de estabilidad del país.
Sigue atrapado entre sectores del sector privado que presionan para una respuesta más dura y aquellos que dicen que los cargos criminales contra los líderes sindicales fueron un paso demasiado lejos.
Chapman insistió en que Panamá era un lugar “extremadamente positivo” para invertir, destacando los acuerdos de infraestructura cerca del canal y diciendo que el gobierno estaba avanzando para fortalecer el estado de derecho.
La Iglesia Católica se ha ofrecido a mediar entre Mulino y los manifestantes. Pero ante la inminente decisión de reabrir la mina First Quantum y construir un nuevo embalse en el Canal de Panamá, el riesgo de nuevas protestas no desaparecerá.
“Seguiremos insistiendo en que se derogue la ley (de pensiones)”, dijo Yamir Córdoba, de Suntracs, el sindicato de la construcción de izquierda radical que encabezó las protestas. La gente “demostró de lo que era capaz en 2023”, añadió.
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