La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) argentina objetó la compra de los activos locales de Telefónica por parte de Telecom, porque, según el dictamen que emitió el jueves, el organismo "identificó riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia en los diversos mercados de telecomunicaciones involucrados, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general".
Por tal razón, anticipó que convocará a una audiencia especial, todavía sin fecha, "destinada a analizar las posibles medidas que mitiguen los potenciales efectos negativos de la operación de concentración sobre la competencia".
Telecom, además, tiene un plazo de 15 días para presentar las consideraciones que "crea oportunas" sobre el dictamen "y/u ofrezca soluciones que puedan mitigar los efectos sobre la competencia que surgen del informe de objeción", según informó la propia empresa, en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
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Según fuentes de Telecom, se trata de un dictamen "extemporáneo" por parte del Gobierno. Aseguran que la empresa todavía no presentó el "F2", el formulario con el que se notifican a la CNDC este tipo de operaciones. TECO todavía tiene plazo hasta el 30 de junio para hacerlo. "Con lo cual, se nos pide que planteemos consideraciones y soluciones a algo decidido con información que nosotros no aportamos", explican. Aseguran que esta situación vulnera sus derechos, lo que eleva la probabilidad de que el asunto continúe judicializándose.
"No tuvimos, ni siquiera, la posibilidad de exhibir nuestros argumentos y mostrar que, por el nivel de inversiones que representa e implicará, no hay 'perjuicio económico' sino todo lo contrario", enfatizan.
La CNDC elaboró este dictamen partir de solicitudes que terceros presentaron ante el organismo: Telecentro, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Acuda) y particulares que se identificaron como representantes de accionistas de los programas de propiedad participada de Telecom y Telefónica, un esquema surgido en las privatizaciones que repartió parte del capital de las operadoras con sus empleados.
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Telecom -controlada por Cablevision Holding, una sociedad entre el fondo Fintech y los accionistas principales del Grupo Clarín- compró el 24 de febrero los activos locales de Telefónica, a los que el grupo español les había colgado cartel de venta un mes antes. La adquisición se hizo por US$ 1.250 millones, que la operadora local pagó en ese mismo momento.
Sin embargo, desde minutos antes de que se hiciese el anuncio, el Gobierno -con el propio Javier Milei a la cabeza-rugió contra la operación. El Presidente, en su tensión con Clarín, anticipó un análisis minucioso de la transacción. La primera decisión oficial fue una resolución de la Secretaría de Comercio, que ordenó congelar -inicialmente, por seis meses- cualquier efecto y mantener ambas operaciones independientes, hasta tanto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de esa secretaría, expidiera una definición.
Hace dos semanas, Telecom obtuvo en la Justicia un fallo a favor que suspendió esa resolución.
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