Por Christine Murray
Ciudad de México
La Presidenta de México se dispone a aprobar cambios a al menos 16 leyes impulsadas en el Congreso en una rápida campaña legislativa de nueve días que aumentará el poder del Gobierno y permitirá una mayor vigilancia de los ciudadanos.
Durante una sesión extraordinaria que finalizó esta semana, el Congreso de México creó nuevos reguladores de competencia y telecomunicaciones, introdujo la biometría obligatoria en los documentos de identidad y dio amplio acceso a datos de geolocalización a los militares.
Las iniciativas, propuestas por la Presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum, son parte de un esfuerzo más amplio para centralizar el control del Estado mexicano que comenzó bajo su predecesor y mentor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum ha instituido elecciones para todo el poder judicial, ha puesto a los reguladores independientes bajo el control del Ejecutivo y ha continuado el impulso de López Obrador para consolidar el control estatal del sector energético.
En la sesión extraordinaria, los legisladores mantuvieron debates mínimos sobre la redacción final de los textos. Todos fueron aprobados por la supermayoría de la coalición gobernante, algunos con el apoyo de sectores de la oposición.
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Las cláusulas más controvertidas fueron eliminadas de una propuesta de ley de telecomunicaciones, pero eso y una serie de otros cambios otorgarán nuevos poderes a los funcionarios de seguridad y a los militares para acceder a bases de datos centralizadas de información y rastrear teléfonos en tiempo real sin una orden judicial.
“Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Una intervención telefónica solo puede ser aprobada por un juez”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del miércoles. “Es mentira que las leyes aprobadas signifiquen que el Estado va a espiar a la gente. Falso”.
Sheinbaum y su partido Morena argumentan que el período de tres décadas hasta 2018 -en el que México hizo la transición a la democracia, se abrió al libre comercio y trató de construir instituciones independientes- falló a la gente común y fomentó altos niveles de pobreza, violencia y corrupción.
La seguridad es la principal preocupación de los mexicanos en las encuestas, y la jefa de Estado ha adoptado un enfoque más agresivo para combatir el crimen organizado que López Obrador.
Los partidarios dicen que los cambios en el acceso a los datos son necesarios para combatir el crimen, pero los defensores de la privacidad dicen que ya han pasado años documentando abusos y vigilancia ilegal.
“Nunca he visto un conjunto de legisladores tan sumisos”, dijo Rubén Moreira, líder de la cámara baja del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ocupó el poder durante siete décadas de gobierno unipartidista y que los opositores de Sheinbaum acusan a su movimiento de intentar emular.
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Lo que se votó estos días fue una vergüenza. Lo que se votó estos días fue la construcción de un estado autoritario.
Sheinbaum mantuvo altos índices de aprobación, superiores al 70%, impulsada por un fenómeno de "unión en torno a la bandera" en respuesta a los aranceles y las amenazas de acción militar del presidente estadounidense Donald Trump. Su política de seguridad y su estilo más técnico y menos confrontativo también han convencido a algunos escépticos.
Los cambios a la ley de telecomunicaciones fueron recibidos con alivio por algunos en el sector, quienes lo ven como una evidencia de que el gobierno actual escucha las fuertes preocupaciones del sector privado.
Pero los proyectos de ley aprobados en las últimas dos semanas en última instancia implementan elementos clave de la agenda del ex presidente, incluida la eliminación de los reguladores autónomos y su reemplazo por otros bajo un mayor control del gobierno central.
“Es un retroceso”, dijo Carlos Ramírez, de la consultora de riesgo político Integralia. “Es el fin de la era de las instituciones autónomas y ahora comenzaremos una nueva era donde estas instituciones estarán donde estaban hace 30 años: en manos del ejecutivo”.
Las demás nuevas leyes implementan aspectos clave de la agenda de López Obrador, como el fortalecimiento de las empresas estatales y la consolidación del control militar sobre una Guardia Nacional fortalecida. Los cambios se produjeron semanas después de que una controvertida elección para reemplazar a los jueces del país resultara en una Corte Suprema cuyos nueve miembros fueron propuestos por Sheinbaum o su coalición.
“Es un intento de desmantelar el viejo Estado mexicano”, dijo el analista político Sabino Bastidas.
Los cambios legales fueron una demostración de fuerza por parte de Sheinbaum, pero tiene mucho menos control de su partido que su predecesor y tiene que trabajar para mantenerlo unificado.
“No hubo una rebelión explícita, pero tampoco hay un liderazgo consolidado… el liderazgo de la presidenta depende de apegarse a la agenda heredada”, dijo Bastidas.
“No la hemos visto realmente querer contrastarse (con su predecesor) y, políticamente hablando, no va a arriesgar su capital político en medio de una confrontación con el presidente Trump”.
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