En septiembre de 2011, meses antes de su nacionalización, la petrolera estatal argentina YPF tenía una capitalización bursátil de más de US$ 13.800 millones, aun cuando “al momento de la expropiación se valoró el 100% en aproximadamente US$ 11.000 millones”, según detalló el economista y experto del sector energético, Cristian Folgar.
Con esas cifras, el Estado argentino -a cargo de la Presidenta Cristina Fernández- negoció con Repsol la compra del 51% de la compañía por US$ 5.000 millones. El monto se fijó tomando como referencia el valor de la empresa argentina en ese momento y los beneficios que dejaría de percibir la firma española por la expropiación.
Ese proceso dejó a la petrolera bajo control del Estado, lo que generó incertidumbre en el mercado y arrastró sus acciones a su menor nivel desde 2002, levemente sobre los US$ 10 por título.
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¿Dónde está hoy YPF?
Han transcurrido más de 13 años desde aquel 4 de mayo, cuando el Congreso de Argentina aprobó la declaración de utilidad pública de YPF. Desde entonces, la compañía ha enfrentado diversos vaivenes bursátiles.
A inicios de 2025, alcanzó una capitalización bursátil récord, de US$ 20.000 millones, ya que los títulos superaron los US$ 47.
Pero factores globales -como las guerras, la inestabilidad política y económica mundial- y la decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska en el juicio que Argentina mantiene con los fondos Burford Capital y Eton Park desde hace más de una década, arrastraron nuevamente los papeles a la baja, tocando un valor que no se veía desde la crisis de 2002.
Aun así, “hoy la capitalización bursátil está en el orden de los US$ 15.000 millones”, comentó Folgar, quien aseguró que ahora “está mejor que en el momento de la expropiación”.
Sin embargo, para el economista, la pregunta es “cuánto mejor estaría YPF si en lugar de ser 51% estatal estuviera en la situación accionaria previa a la entrada de Repsol”; es decir, 100% en manos del Estado. Eso sí, reconoce que no hay forma de saberlo con certeza.
Ese crecimiento sostenido en la última década ha unido transversalmente al Estado argentino en su negativa a pagar una indemnización o devolver las acciones en manos del Estado.
Según Folgar, “antes de que Argentina decida devolver los papeles de YPF, vende sus acciones y con esos recursos le paga a los acreedores”.
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El impulso de Vaca Muerta
Lo que sí se conoce es que detrás del avance de YPF ha estado Vaca Muerta. El economista jefe de BlackToro, Fernando Marengo, señaló que “el impulso lo dio el desarrollo de Vaca Muerta, pero creo que hubiera pasado de cualquier modo, y quizás de una manera más eficiente en manos privadas. Pero es un contrafáctico”.
Para Folger -quien fue secretario de Combustibles del país- el yacimiento se habría desarrollado bajo cualquier estructura societaria de la petrolera. “Para YPF tener concesiones en Vaca Muerta es muy importante. Es su principal activo. YPF depende más de Vaca Muerta que Vaca Muerta de YPF”, dijo.
Marengo agregó que hoy cualquier tipo de expropiación no ayuda, “y los costos y riesgos de eso los estamos enfrentando actualmente”.
Respecto de una eventual venta de acciones, Folgar fue claro: “No creo que haya valor para la venta de las acciones, porque el Congreso no va a autorizar” esa operación.
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¿Cómo se generó la disputa?
En 1992, la petrolera YPF era 100% estatal. Sin embargo, en septiembre de ese año se aprobó la ley de privatización y el entonces Presidente, Carlos Menem, la declaró como una “empresa sujeta” a acogerse a dicho trámite.
El capital se dividió para quedar un 51% en manos del Estado, el 39% en manos de las provincias y el 10% en manos de los trabajadores.
En 1999, la española Repsol compró el 15% de la participación y luego lanzó una oferta por el 100%. En junio de ese año, el gobierno autorizó por decreto que Repsol tomara el control del 99% de la empresa.
La ley de privatización establecía que quien quisiera adquirir más del 15% debía hacer una oferta por el total. Este punto es el que, años después, daría lugar al litigio judicial contra Argentina.
En 2007, el Grupo Petersen -de la familia Eskenazi- adquirió el 25% de las acciones tras un acuerdo con Repsol. Para financiar la operación, accedió a créditos internacionales, incluidos créditos de la propia firma ibérica.
Esta fue una mala jugada para el grupo local, ya que cinco años después, bajo el Gobierno de Cristina Fernández, se reestatizó YPF y el Estado volvió a tener entre sus manos el 51% de las acciones de la petrolera.
Ya en manos del Ejecutivo, se suspendieron los repartos de dividendos con los que la familia Eskenazi contaba para pagar los pasivos. Inclumplió los plazos y se declaró en quiebra.
En 2015, los fondos Burford Capital y Eton Park compraron los derechos de litigio y demandaron al Estado argentino en Nueva York por violar el estatuto de YPF, que exige que “si alguien compra más del 15% dela empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas”, hecho que no ocurrió.
En 2023, la jueza Loretta Preska falló a favor de los llamados “fondos buitre” y ordenó a Argentina a pagar una indemnización que supera los US$ 16.000 millones. Argentina no cumplió, por lo que Preska ordenó entregar, además, las acciones que tiene en YPF.
Hasta ahora, la jueza mantiene su postura, pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión “preventiva” de la orden de su fallo, lo que le da margen a la administración actual -de Javier Milei- para mantener su participación.
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