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Alto contrasteLey de pago a 30 días, de dulce y agraz
Señora Directora:
El proyecto de pago oportuno es una gran noticia para las pymes, ya que son las principales afectadas por las grandes empresas que negocian pagos a 90, e incluso, 120 días. Para qué hablar de los organismos públicos; si uno revisa sus estadísticas en la página de Mercado Público, ve que tienen innumerables reclamos por incumplimiento de pagos.
Ahora, que se dé pie para negociar en casos especiales el pago a 60 días es algo ambiguo, porque no aclara el contexto de esos casos. Esto podría transformarse en excusa perfecta para que algunos aleguen casos distintos a diestra y siniestra, perdiéndose así el espíritu de la ley.
Preocupa también que el Servicio de Impuestos Internos indique que no posee capacidad humana y técnica para revisar oportunamente si corresponde o no el uso de IVA y que, además, el proyecto otorgue plazo de un año para resolverlo. El uso del IVA es fundamental, sobre todo en las pequeñas empresas.
Al menos, la nueva ley contempla la obligatoriedad de la guía de despacho electrónica, que hasta hoy es opcional. En corto a mediano plazo, tanto la boleta como la guía de despacho serán totalmente electrónicas, aportando así al orden interno, trazabilidad de documentos y al primer paso de las pequeñas empresas hacia la transformación digital.
Luis Contreras
Subgerente comercial de Laudus
Aclarando la indemnización a todo evento
Señora Directora:
Quisiera manifestarle que la información aparecida en la edición del 24 de diciembre, en la que señalan que el gobierno estaría evaluando una indemnización a todo evento —cuya decisión correspondería al empleador y que tendría un tope de siete sueldos—, carece de todo fundamento, toda vez que nunca ha estado en nuestros planes una alternativa con estas características.
Lo anterior, es sin perjuicio de la permanente necesidad de mejorar nuestro mercado laboral generando más opciones a la actual indemnización por años de servicios, como lo han planteado las diversas mesas de trabajo conformadas hasta ahora. Entiéndase la Mesa de Desarrollo Integral -liderada por el Ministerio de Hacienda-, la Mesa Técnica de Expertos y la Mesa de Dirigentes Sindicales, ambas recientemente concluidas y lideradas por el Ministerio del Trabajo.
Las tres mesas recomendaron mejorar el actual sistema de indemnizaciones por la vía de crear una opción adicional al sistema actual, estableciendo una indemnización a todo evento, similar a la que existe hoy para los trabajadores de casa particular.
Lo que nos corresponde como gobierno es evaluar las distintas propuestas que se han recibido y, en su mérito, proponer eventuales cambios.
Fernando Arab
Subsecretario del Trabajo
Uso de plástico en la UE
Señora Directora:
A raíz del reciente anuncio de la Unión Europea (UE) respecto de la prohibición de algunos plásticos de un solo uso desechables, expresamos nuestro apoyo a todas las medidas que fomenten el uso responsable del plástico —así como de otros materiales— y resuelvan la problemática que se genera con los residuos mal dispuestos en nuestro medioambiente.
La industria del plástico chilena está avanzando en promover y asegurar la implementación de la Economía Circular, aprovechando el potencial de transformación que tiene este versátil material, y estamos convencidos de que la Ley REP nos conducirá en este camino, al ser una política pública de gestión de residuos integral, sólida e internacionalmente validada.
En beneficio de esto, y con la gran motivación de mejorar las tasas de reciclaje que hoy sólo alcanzan el 8% a nivel nacional, ya estamos trabajando para maximizar que en el mediano los envases plásticos sean reusables, reciclables o compostables.
Magdalena Balcells
Gerente General Asociación Gremial de Industriales del Plástico
Sobre Contraloría y la incerteza jurídica
Señora Directora:
En respuesta a la carta “Certeza Jurídica en los actos administrativos”, publicada la semana pasada, en donde se defiende la labor de la Contraloría frente a los casos de incertidumbre jurídica que el rubro de la construcción está viviendo, debo decir que, si bien se señala que el organismo toma posición sobre los proyectos que son denunciados, lo cierto es que también hay una vulneración a la presunción de legalidad de los activos administrativos, expresados en la Ley de Bases 19.880 por la cual se rigen los Procedimientos Administrativos.
Los instrumentos de planificación territorial no debiesen ser objeto de cuestionamiento y nulidad posterior cuando en una instancia exhaustiva han sido aprobados a través de los mecanismos legales existentes. Donde se cuenta tanto con la participación ciudadana como también el trabajo de miradas expertas.
La situación preocupa, porque se está haciendo una interpretación de la ley vigente. Numerosos dictámenes del órgano de control están aplicando los nuevos conceptos con un efecto retroactivo. Esto, a su vez, les genera un problema sensible a las municipalidades y directores de Obras Municipales, ya que se encuentran con la dificultad de no saber si los criterios existentes, y que habían sido aprobados bajo norma antes de lo dictaminado, siguen siendo válidos.
Por lo mismo, hablamos de incerteza jurídica cuando las normas se interpretan y reinterpretan, en vez de formular en un cuerpo normativo claro y unívoco que afecta a uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro país.
Guillermo Tapia Sepúlveda
Socio Fundador G&G Arquitectos
