Cartas a la Directora

El uso alternativo de las franquicias Sence

Señora Directora:

Su periódico publicó la semana pasada como titular principal una noticia que señalaba que existirían cerca de US$ 30 millones de franquicia tributaria para capacitación que las empresas desaprovechan. El tenor del artículo sugiere que dicho monto no estaría cumpliendo con los fines para los que se destina la citada franquicia y, por lo mismo, me permito hacer algunas precisiones.

Anualmente, las empresas chilenas destinan cerca de US$ 250 millones para acciones de capacitación. De este monto, la cifra consignada en el artículo en comento no alcanza a ser el 12%. Es más, si la dividimos por el número de empresas que usan la franquicia (más de nueve mil), veríamos que el monto supuestamente subutilizado no supera los $ 2.223.000 por empresa, es decir, una cifra con la que, individualmente, ninguna empresa puede llevar adelante cursos de capacitación de calidad y pertinencia suficiente.

Más allá de lo consignado, sin embargo, me parece relevante agregar un detalle que no fue recogido en el artículo, cual es el uso alternativo que tienen los fondos remanentes de la franquicia, los que la ley permite agrupar y constituyen un fondo de mayor cuantía, y pasan a forma parte de las becas laborales que son licitadas por las instituciones intermedias de capacitación.

Estos fondos financian un sinnúmero de acciones de capacitación con impacto social relevante, entre ellas, una parte de los programas que realiza la Corporación Cimientos, entidad que presido, perteneciente a la Red Social de La Cámara Chilena de la Construcción, y que a la fecha -entre otras acciones- ha formado y reinsertado más de 1.800 personas infractoras de Ley que han aprendido un oficio de construcción y se han empleado en empresas socias de la Cámara tras cumplir su condena.

Leonardo Daneri J.
Presidente Corporación Cimientos

Grupos negociadores: un debate fuera de foco

Señora Directora:

Llama la atención que la controversia en torno a los grupos negociadores se haya reducido a la discusión sobre la legalidad del dictamen de la Dirección del Trabajo que permite registrar y depositar tales acuerdos.

El debate jurídicamente relevante es de índole constitucional, y supone responder a la pregunta de si es razonable estimar ineficaz un derecho constitucional como el de negociar colectivamente, por la circunstancia de no existir la regulación legal que determine la forma de llevar a cabo tal negociación.

La respuesta que se impone es la de estimar no razonable privar de eficacia a los instrumentos acordados con los grupos negociadores, ya que si el legislador no puede limitar la esencia de una garantía constitucional, como lo es el derecho a negociar colectivamente, con mucha mayor razón su falta de acción y de diligencia legislativa en establecer las modalidades y procedimientos de negociación puede ser causa de la ineficacia de dicha garantía.

El anterior es el verdadero y legítimo debate. No el de la pertinencia del registro y depósito de los instrumentos colectivos. Entenderlo así —o peor aun, resolverlo a propósito de esa circunstancia—, sería un tremendo error.

Rodrigo Marín
Socio de Parraguez & Marín

Prevención de drogas y alcohol en la empresa privada

Señora Directora:

Según publicó DF Salud el pasado 23 de noviembre, existe preocupación en los médicos por el alto consumo de marihuana en trabajadores, que pasó de un 10% a un 15% según un estudio realizado por nuestra organización.

A fines de septiembre, el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur comenzó la implementación de una política de prevención de drogas y alcohol en sus funcionarios. Considerando que el cuerpo de bomberos son organizaciones sin fines de lucro y orientadas al servicio a la comunidad, cabe preguntarse respecto de las medidas de prevención de drogas y alcohol en otras faenas que implican riesgo operativo, tales como construcción, transporte, minería, manufactura, entre otras.

En Chile, alrededor del 4% de las empresas privadas cuentan con estas políticas o programas de prevención e inhibición de alcohol y drogas entre sus trabajadores. Cifra, por cierto, poco alentadora si se compara con índices de países desarrollados, como Estados Unidos, donde cerca de un 80% de las empresas privadas han implementado estas políticas o programas.

No contar con medidas de prevención significa una mayor tasa de accidentabilidad, un alto nivel de ausentismo y rotación de personal. Por tanto, el desafío de las organizaciones y empresas chilenas es alcanzar estándares internacionales, y no esperar a que un accidente de proporciones sacuda a la opinión pública para que se genere la conciencia necesaria.

Patricio Labatut
Gerente General Global Partners