Exenciones tributarias: un atentado a la recuperación MiPYME
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Señora Directora:
La ley corta de pensiones presentada por el Ejecutivo contempla eliminar algunas exenciones tributarias, entre ellas, generar gravámenes tributarios al sector servicios, como una forma de financiar el primer paso para una pensión universal.
Creemos que agregar un gravamen de IVA al sector servicios, uno de los más golpeados por la crisis económica producto de la pandemia, es una contradicción inexcusable cuando queremos la recuperación económica. La idea es fortalecer los segmentos MiPYME de nuestra economía y no ir en desmedro de ellos. Por eso, consideramos que es una política discriminadora para los prestadores de servicio, ya que ellos proveen un servicio que se desarrolla en base a su capacidad intelectual, el que no puede ser afectado con IVA.
Por otro lado, las empresas de servicios no cuentan con una estructura tributaria que pueda mitigar los efectos del pago de IVA del mismo modo que aquellas dedicadas al comercio de tangibles. Todo esto llevará a que los proveedores pequeños terminarán financiando el flujo del pago de impuesto. Por otro lado, aumentarán los costos para personas naturales debido a la afectación del IVA en el cobro del servicio.
Las PYME serán menos competitivas en comparación con las grandes empresas, porque el 19% más de IVA sólo puede ser incorporado en precio por un proveedor más grande. Si eso le sumamos que el pago a 30 días en la práctica no se hace efectivo en esos plazos (promedio de 59 días), ahora este impuesto tendrá que ser financiado con capital de trabajo del emprendedor, siendo recuperado en 60 días más. Es decir, continuamos financiando el capital de las grandes empresas, sumando ahora a los pequeños prestadores de servicios en la cadena.
Y para rematar la ecuación, estas medidas no hacen más que desincentivar la formalización, algo que el mismo Gobierno ha estado trabajando junto a los distintos gremios.
Marcos Rivas
Presidente Asech
