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Alto contrasteSeñora Directora:
En los últimos meses hemos sido testigos, una vez más, de cómo la acción del sector privado, y la consecuente nueva regulación que surge, tiene como efecto no sólo la paralización de proyectos y un impacto directo en la economía.
Es un hecho que la suspensión de una obra de infraestructura afecta a numerosas partes que son ajenas al objeto regulado, como las pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios, los trabajadores y sus familias, las entidades financieras, y la ciudadanía en general, que no puede acceder a determinados bienes y servicios.
Este es el efecto de la Circular N°203 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2016, y del dictamen de la Contraloría que recoge lo planteado allí, que no permite el sistema de agrupamiento de edificación continua. La Circular, que surge por el accionar de sólo algunas empresas inmobiliarias y de sólo algunas Direcciones de Obras Municipales, en los hechos produjo la paralización de obras en todo el país.
La solución no pasa por un nuevo proyecto de ley (eso sería "tirar la pelota para el córner") ni por esperar lo que digan los tribunales. Por simple que parezca, se necesita que el Ministerio, con voluntad política, emita una nueva circular. Para esto, Vivienda debe necesariamente coordinar a los actores públicos y privados que actúan en el territorio. Este es el simple paso que habitualmente olvida el regulador.
Iván Arcos Axt
Director de área de Gobierno y Derecho Público de Moraga y Cía.
