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Alto contraste
En abril los profesionales que tienen la suerte de pertenecer al 25% del país que contribuye regularmente a las arcas fiscales y municipales, tuvieron que pagar el impuesto global complementario y las contribuciones de bienes raíces. Muchos de ellos tuvieron también que pagar dividendo, gastos comunes, colegios, supermercado, bencina, farmacia y cuentas varias, al igual que todos los chilenos. Es muy posible que a varios en abril no les haya alcanzado la plata para llegar al fin de mes y que se hayan visto obligados a endeudarse para pagar los impuestos. Hasta ahí, todo bien.
Pero cuando esos abnegados profesionales caigan en la cuenta de que las cuotas mensuales que todavía pagan contribuyeron a que miles de funcionarios públicos tomaran vacaciones en el extranjero, en vez de acortar las listas de esperas, o que sumaron al pago de los sueldos de profesores en paro, en vez de permitir que las escuelas públicas reciban a los alumnos en estos días de temporal, es esperable que se sientan abusados por el Estado y que aflore en ellos el amargo sabor de la injusticia como un veneno que terminará intoxicando la confianza en las instituciones y en la democracia.
“La injusticia que vemos a diario en el despilfarro de embajadores comiendo langosta o de amigos del Presidente ganando millones, tiene envenenada a confianza, esencial para la salud de cualquier comunidad política”.
Por ello, necesitamos un antídoto a la vena, no un paliativo de cambio de liderazgo ni de propuestas homeopáticas.
Para volver a creer que en Chile podemos vivir juntos en una sociedad en la que cada cual aporta lo suyo, no basta renovar cuadros técnicos, fotos grupales, spots publicitarios ni cualidades de género, clase, raza o biográficas. Para recomponer la confianza en el sistema no hay otra alternativa que cambiar sus propias reglas, porque no podemos esperar que las personas -mejores o peores- hagan la diferencia.
¿Todo el sistema? Claramente no. Chile no necesita motosierra para amputar a lo bestia órganos de un Estado fallido. La injusticia -ojo, no la desigualdad- que vemos a diario en el despilfarro de embajadores comiendo langosta o de amigos del Presidente ganando millones, tiene envenenada a la confianza, que es esencial para la salud de cualquier comunidad política.
Lo bueno, es que el antídoto está al alcance de la mano de cualquier aspirante a la Moneda.
El candidato o candidata que haga suyo el objetivo de reemplazar el estatuto administrativo por un nuevo régimen de empleo público y de crear -de una buena vez- la agencia de calidad de políticas públicas, como proponemos desde Pivotes, podrá cambiar de tal forma las reglas de cómo opera hoy el sistema, que en un plazo corto podremos drenar la desconfianza y volver a ver en el Estado un aparato con la capacidad de purgar la injusticia de sí mismo.
