VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Se aprobó el Instituto Nacional del Cáncer, el mismo que se hizo célebre porque la Seremi de Medio Ambiente le sugerían bosques Miyawaki y corredores biológicos para arañas. Este mes el Comité de Ministros ratificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto, uno de los casos emblemáticos que instaló el problema de la irracionalidad en la que puede derivar nuestro sistema de permisos. Mostró que este problema afecta no solo a faenas mineras, sino también a hospitales públicos. Y es que los siete hospitales que se evaluaron hasta el año 2015 demoraron, en promedio, 266 días, mientras que los ocho de esta década acumulan 351, más de un 30% de aumento de plazos.
Este nuevo instituto aspira a ser el primero de orden público, especializado en cáncer del país, pudiendo recibir hasta 8 mil personas de forma simultánea y una población beneficiaria de más de 11 millones de personas. Este caso conmovió no tanto por el tiempo de evaluación, sino por la arbitrariedad e irracionalidad de la información que el propio Estado solicitó. En materia de flora y fauna se sugirió confeccionar señaléticas de educación ambiental y contar con refugios de fauna vertebrada de baja movilidad, por nombrar algunos ejemplos. Algunas de estas cosas se fueron removiendo conforme avanzaba el proceso, pero todas debieron ser analizadas y respondidas por la concesionaria del hospital.
“Nuestro sistema de evaluación ambiental es valioso, pero ha tendido a la hipertrofia por muchas y muy diversas razones”.
El nuevo instituto estará ubicado en una zona que es monumento histórico, eso fue lo que justificó su ingreso al sistema. Pero esa consideración generó también que el Consejo de Monumentos Nacionales evaluara con especial rigurosidad otros impactos menos evidentes, como los arqueológicos e incluso paleontológicos. Hubo que hacer 54 pozos de sondaje para obtener el permiso, y una vez que comience la construcción se requerirá un monitoreo arqueológico permanente.
Este proyecto no es uno de aquellos con evaluación más compleja, la atención mediática que acaparó es en buena parte por casualidad. La realidad es que buena parte de los proyectos que se estudian pasan por procesos similares.
Un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad muestra que para el 90% de la inversión aprobada hay presencia de obligaciones vinculadas a la Ley de Monumentos Nacionales, un despropósito. Cuando todo gran proyecto debe preocuparse de la arqueología, queda claro que ya no se trata de mitigar impactos, sino del Estado haciendo arqueología a costa de privados. Con la salvedad que en este caso la zancadilla se la hace el Estado a sí mismo.
Nuestro sistema de evaluación ambiental es valioso, pero ha tendido a la hipertrofia por muchas y muy diversas razones. Hay una excesiva aversión al riesgo y un desmedido empoderamiento de grupos de presión, a lo que se suma el uso del sistema como vehículo para resolver problemas sociales que no son responsabilidad de titulares. La acumulación de estas diversas complejidades y disfuncionalidades disuade la inversión o la encarece en exceso. El costo de todo esto podrá parecer que lo pagan los titulares, pero en realidad lo pagamos todos, en empleos que no se generan y recaudación que no llega. Pero de vez en cuando el precio sube, hospitales públicos e institutos del cáncer que se paralizan por años, que se hacen lentos de evaluar y caros de construir. Es ahí cuando entendemos el drama detrás de la permisología, un drama que para una persona con cáncer, se puede volver fatal.
