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Alto contrasteReducción presupuestaria
CATALINA BINDER Vicepresidenta Consejo de Políticas de Infraestructura
Catalina Binder
El proyecto de ley de Presupuesto 2026 presentado por el Presidente Boric contempla una reducción del 17% en los recursos para inversión del Ministerio de Obras Públicas. No se trata de una cifra menor, sino que equivale a un retroceso en la capacidad del Estado para sostener el crecimiento económico, la productividad y la calidad de vida de las personas. Más aún, transmite una señal preocupante sobre las prioridades del país en un momento en que Chile necesita justamente lo contrario: fortalecer su base material para el desarrollo.
El gasto en infraestructura es una condición indispensable para el funcionamiento del país. Las carreteras, los puertos, los sistemas de agua potable, las obras hidráulicas y la infraestructura urbana son el soporte que hace posible que la economía se mueva, que las empresas inviertan y que los ciudadanos accedan a servicios básicos. Chile cuenta desde hace dos décadas con una regla de balance estructural que ha sido un pilar de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, esta regla no distingue entre gasto corriente e inversión, tratándolos con la misma lógica contable. Esa omisión impide proteger el componente más productivo del gasto público, aquel que genera infraestructura, crecimiento y empleo. De ahí surge la urgencia de avanzar hacia una regla fiscal de inversión, que establezca un piso tendencial para la formación de capital público, independiente del ciclo político o económico.
“Existe la urgencia de avanzar hacia una regla fiscal de inversión, que establezca un piso tendencial para la formación de capital público, independiente del ciclo político o económico”.
Una regla de este tipo permitiría mantener la inversión como política de Estado y transparentar cualquier desviación de ella, garantizando continuidad a los proyectos y previsibilidad al sector privado. Países como Canadá, Australia o Reino Unido operan con esquemas similares, en los que las inversiones estratégicas se planifican y ejecutan bajo marcos plurianuales, blindados de los vaivenes presupuestarios.
De ese modo, se protegería la infraestructura de los vaivenes presupuestarios, asegurando que las obras públicas no se transformen en variables de ajuste fiscal cada vez que las condiciones económicas se vuelven difíciles.
El país necesita también un programa nacional de infraestructura con una visión de largo plazo, consensuado entre el sector público y el privado, y articulado a nivel territorial. No se trata solo de ejecutar proyectos, sino de planificar el desarrollo del país con una mirada estratégica. Una política de infraestructura de Estado permitiría dar continuidad a las inversiones, garantizar eficiencia en la ejecución y reducir la incertidumbre que hoy frena decisiones tanto públicas como privadas.
La infraestructura no se improvisa. Cada carretera, hospital, embalse o planta de tratamiento requiere años de planificación, estudios y ejecución. Interrumpir ese proceso por un ajuste fiscal coyuntural significa perder tiempo, encarecer obras y retrasar beneficios sociales. Más grave aún, significa renunciar a uno de los motores más eficaces de reactivación económica y generación de empleo.
Fortalecer una regla fiscal de inversión y diseñar un programa plurianual de obras públicas serían pasos concretos para asegurar que las decisiones de hoy no comprometan el bienestar de mañana.
La austeridad, sin visión estratégica, puede terminar siendo el camino más costoso.
