Ley de Autorizaciones Sectoriales: importante, pero insuficiente
EDUARDO BITRAN Académico Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI, Director Espacio Público
La aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) ha generado reacciones contrapuestas. Sectores han rechazado el proyecto argumentando una “regresión ambiental nunca antes vista”. Por otro lado, organizaciones empresariales y centros de estudio la consideran insuficiente para abordar las trabas al crecimiento que implica la permisología.
La OCDE ha definido principios que se derivan de las mejores prácticas de sus países miembros. Una evaluación general de la LMAS nos permite analizar su coherencia con dichos principios. Un primer criterio es el de proporcionalidad, que plantea procedimientos más simples para proyectos de menor riesgo e impacto. La LMAS establece técnicas habilitantes alternativas, que trasladan completamente la responsabilidad de la revisión ex ante al titular del proyecto, quedando sujeto a fiscalización ex post. Una de las ventajas de este criterio es que evita cargas innecesarias para proyectos de bajo riesgo y permite focalizar los recursos del Estado en proyectos de alto impacto. La OCDE también recomienda en proyectos de bajo riesgo e impacto establecer el silencio administrativo positivo, de modo que, si expira el plazo de revisión, se consideran aprobados. Este aspecto se fortalece y clarifica en la LMAS.
“La Ley es un esfuerzo valioso y, por tanto, los ataques son injustificados. No obstante, aún no alcanza las mejores prácticas de la OCDE”.
Dos mejores prácticas fundamentales son la digitalización y transparencia. La LMAS establece la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión que debe consolidar la plataforma Super del Ministerio de Economía como una ventanilla única digital que genera un sistema de información unificado de permisos con acceso abierto, lo cual genera transparencia y fortalece la rendición de cuentas . Un criterio relacionado promovido por la OCDE es la integración, que consiste en articular en un solo proceso las múltiples autorizaciones necesarias para un proyecto, incluyendo las sectoriales y ambientales. Esto evita duplicaciones y asegura coherencia regulatoria. En el caso de la LMAS, este es el ámbito de avance más modesto. Se reducen los tiempos de aprobación al permitir tramitación en paralelo de autorizaciones sectoriales. Se establece la obligación de interoperar con la plataforma Super con las de servicios públicos, incluido el SEA. No obstante, la exclusión del sistema de los permisos ambientales sectoriales es un gran tema pendiente.
Por último, el principio OCDE de tener plazos conocidos y cumplimiento obligatorio está incorporado en la ley. Se reducen los plazos de los trámites en forma significativa, y se establece responsabilidad funcionaria por incumplimiento de plazos. No obstante, la aplicación de sanciones pecuniarias a los funcionarios por el incumplimiento es una medida equivocada que puede resultar contraproducente.
En conclusión, la LMAS constituye un esfuerzo valioso de alinear el marco de permisos sectoriales con las mejores prácticas internacionales. No se reducen las exigencias normativas y por tanto es injustificado el ataque de sectores que se oponen. No obstante, la LMAS no alcanza aún las mejores prácticas de la OCDE, ya que no implica una integración efectiva de los permisos sectoriales con los ambientales y requiere aún abordar la modernización de los servicios sectoriales.