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Alto contrasteEl nuevo proyecto de ley que modifica la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para crear un ente autónomo, representa un avance notable en la institucionalidad chilena.
La idea es crear un ente autónomo de derecho público para elaborar la política estadística de la Nación, así como establecer los criterios técnicos y procedimientos de la producción estadística pública oficial. Este avance institucional pone a Chile a la vanguardia del mundo en materia de estadísticas oficiales. El nuevo ente debería ser dirigido por un consejo de cinco miembros, que al igual que el Banco Central, otorgue garantías a todos los sectores de seriedad y de una gestión rigurosa con criterios estrictamente técnicos.
Un INE profesional que elabore estadísticas relevantes de todos los aspectos del país es un gran aporte al desarrollo económico, al permitir contar con información oportuna y relevante y también debería no sólo producir información estadística de buena calidad, sino también colaborar en temas metodológicos con la elaboración de la información estadística que generan y proveen actualmente otros organismos tanto públicos como privados en el país y así reflejar en la forma más rigurosa posible la realidad del país.
Un INE autónomo debería dar garantías de seriedad y de rigurosidad en la elaboración de estadísticas que son clave y sensibles para la población. Estas incluyen entre otras, el cálculo y la actualización del IPC, el índice de remuneraciones, el cálculo de la tasa de desocupación, los índices de pobreza, los índices de desigualdad en la distribución del ingreso, el cálculo de la población e indicadores demográficos asociados. La autonomía permite aislar al INE de eventuales presiones políticas en la elaboración de estos indicadores. Desafortunadamente, existen algunos ejemplos a nivel mundial de países que presionan políticamente a sus entes estadísticos para mantener una inflación o desocupación baja, lo que redunda en una baja credibilidad de estos indicadores.
También es importante tener un INE autónomo para mantener y proteger el secreto estadístico. Las personas e instituciones que proporcionan información que sirve para la elaboración de estadísticas deberían tener la garantía de que sus identidades se mantendrán en secreto y no serán reveladas a nadie. La confidencialidad de la información es clave para logar que las personas colaboren con las encuestas y proporcionen información fidedigna.
El gran desarrollo que ha ocurrido a nivel mundial en materias informáticas, ha generado nuevos problemas en la protección de la privacidad de las personas. Muchas estadísticas nuevas se pueden generar utilizando información que existe en la red de información, lo que obliga a tener especiales resguardos para asegurar el derecho de las personas a tener su privacidad resguardada. Otro aspecto favorable a la institución de un INE autónomo, es que éste va a estar por definición al servicio del país y de las personas y, por lo tanto, ello facilita que nuevos esfuerzos estadísticos respondan al interés de la población en general.
La creación del nuevo INE autónomo es un gran paso en este sentido.
