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Alto contrasteFactores tras el abuso de las denuncias de tutela
PAVEL ÁLVAREZ Asociado senior de Barros & Errázuriz
El último informe del Observatorio Judicial revela un fenómeno que debería preocupar a la sociedad en su conjunto: el explosivo aumento de las acciones de tutela por supuesta vulneración de derechos fundamentales. Entre 2017 y 2024, las denuncias anuales pasaron de 7.643 a 18.038, con un crecimiento especialmente acelerado en los últimos años. Sumaron 11.671 en 2022; 15.056, en 2023; y más de 18.000, en 2024. Sin embargo, cuando se analiza el fondo de la situación, se observa que la mayoría de los casos -tres de cada cuatro- es rechazada por los Tribunales.
En este escenario vale preguntarse qué puede haber contribuido a esta dinámica, que más que una protección a los trabajadores genera una sobrecarga para el sistema judicial y los empleadores. En primer lugar, la Ley que regula el procedimiento de tutela, facilita la presentación de denuncias al atenuar la carga probatoria, exigiendo solo indicios de la vulneración. A su vez, las sanciones previstas incentivan la demanda como medio de presión, pues, además, de contemplar estímulos económicos (por ejemplo, 6 a 11 remuneraciones adicionales), existen otras con efectos relevantes para las empresas. Entre estas, hasta diciembre de 2024 rigió en forma automática una sanción fue fuertemente cuestionada por su desproporción: la exclusión de participar en licitaciones con el Estado. Fue necesaria una modificación legal (Ley 21.634), para atenuar esa consecuencia excesiva, tras lo cual hoy existen criterios para que el juez pondere la aplicación de dicha inhabilidad.
“La sobre judicialización agota los recursos de la justicia y de los empleadores, y abre el riesgo de banalizar la gravedad de los casos genuinos”.
En segundo lugar, la amplitud de ciertos criterios judiciales también contribuye. Algunos fallos han permitido acumular la indemnización por daño moral con la indemnización especial de la tutela, a pesar de la controversia doctrinaria sobre si el daño moral ya está incluido en la sanción especial de 6 a 11 remuneraciones.
Asimismo, la excesiva regulación legal actual, impulsada por un legislador que busca proteger los derechos fundamentales, también ha tenido un efecto contraproducente. Un ejemplo es la Ley Karin, que ha generado más de 14.000 denuncias, de las cuales el 70% no resultan en la constatación de vulneraciones, según la Dirección del Trabajo.
¿Y quién se lleva la peor parte en gestión y costos? Las PYME. Un balance de la empresa BUK, de julio pasado, revela que el sector registra una tasa de denuncias que casi duplica la de las grandes empresas.
Si bien los trabajadores deben contar con mecanismos de protección, la sobre judicialización no solo agota los recursos de la justicia y de los empleadores; sino que también abre el riesgo de banalizar la gravedad de los casos de tutela genuinos. Es de esperar que el legislador laboral atenúe la excesiva regulación y considere, por ejemplo, la posibilidad de un examen de admisibilidad estricto para revisar la viabilidad de llevar a juicio un caso de tutela.
