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Alto contrasteEl riesgo de ser exPresidente en América latina
JUAN IGNACIO BRITO Profesor Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signos de la U. Andes
Juan ignacio Brito
A primera vista, el hecho de que varios exPresidentes de países latinoamericanos enfrenten causas judiciales parece una buena noticia. Después de todo, podría significar que las instituciones funcionan y son capaces de someter incluso a los más poderosos. Pero eso es cierto solo en parte; a menudo, el enjuiciamiento de exmandatarios en la región tiene más de revanchismo político y oportunismo judicial que de una expresión de la igualdad ante la ley.
En Brasil, Jair Bolsonaro ha sido sometido a arresto domiciliario y a otra serie de medidas cautelares a raíz de la investigación por un supuesto intento de golpe de Estado en 2023. Las pesquisas deberían terminar en septiembre y el subsecuente juicio, conducir a un fallo. Bolsonaro ya fue privado de sus derechos políticos en 2023 y no podrá competir en las presidenciales del próximo año, en las que Lula da Silva seguramente irá a la reelección. Bolsonaro es la mayor amenaza electoral para el actual Presidente, quien, a su vez, no logró postularse en 2018 tras haber sufrido condenas que posteriormente le fueron levantadas. De esa manera, la vía judicial parece haberse convertido en Brasil en la forma más expedita para sacudirse del principal adversario político.
“El hecho de que típicamente los dictámenes adversos se produzcan una vez que han dejado el poder y ha llegado al Gobierno un mandatario de signo contrario, teje un manto de duda sobre cómo se administra la justicia en la región”.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua de sus derechos políticos por el uso de testaferros en licitaciones de obras públicas. Más allá de la culpabilidad de la líder peronista, el dictamen sacó de carrera a la rival más peligrosa y popular del actual Gobierno.
En Colombia, el exPresidente Álvaro Uribe también ha sido condenado. Uribe, líder vitalicio del partido de derecha Centro Democrático y férreo opositor del Gobierno de Gustavo Petro, sale de escena cuando el país se aproxima a las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo.
Hay más: en Bolivia, la exPresidenta Jeanine Áñez purga desde 2022 pena de cárcel por haber desafiado a Evo Morales y su Movimiento al Socialismo, mientras que en Ecuador Rafael Correa se encuentra en el exilio para evadir la acción de los tribunales. En Perú, los exPresidentes procesados o presos hacen fila: Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alejandro Toledo. Algo similar ocurre en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.
En muchos casos, parece indiscutible que los exmandatarios incurrieron en conductas ilegales y sus enjuiciamientos deben ser aplaudidos. Sin embargo, el hecho de que típicamente los dictámenes adversos se produzcan una vez que han dejado el poder y ha llegado al Gobierno un mandatario de signo contrario, teje un manto de duda respecto de la manera en que se administra la justicia en la región. Queda la indeleble impresión de que lo que se persigue no es la aplicación ciega y oportuna de la ley, sino más bien una revancha políticamente motivada para pasar a retiro a un competidor riesgoso, y que los jueces buscan congraciarse con el Gobierno de turno al fallar con criterios de conveniencia.
Así, lo que a primera vista asoma como una fortaleza institucional, es en realidad una debilidad. Peor aún, en lugar de promover una sana alternancia, este tipo de justicia sesgada atornilla a los políticos a sus cargos, pues ellos saben que son intocables mientras detentan el poder y que, por el contrario, cuando lo pierden, quedan muy vulnerables. En casi todo el mundo, ser exPresidente es un honor vitalicio, pero en América Latina constituye un riesgo cada vez más nítido.
