La democracia de los “vivos”

Clemente Pérez

No es fácil promover una reforma tributaria cuando se enfrentan problemas de corrupción como el caso del contrato entre el Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Ciudad Viva. Rápidamente surge la duda de cuántas otras fundaciones hay que se dedican a hacer proselitismo político (eso es lo que hacía esta Fundación), con recursos que debieran ir destinados a combatir del déficit habitacional.

El elenco, por cierto, es pintoresco. El representante legal de la fundación, pololo de una diputada y ex asesor del Ministerio de Defensa, llegó a acusar de asesinatos a la ex Presidenta Bachelet. Su encargada de comunicaciones, resultó ser una actriz de Only Fans y videos semi pornos. Todo lejos de la superioridad moral con que se auto definían. Hasta el plato de langosta del embajador en España y las instalaciones del colectivo “Las Clito”, todos beneficiados con platas públicas, se ven como cartuchos ante tanto desparpajo.

“Lo más preocupante no es que le asignen a dedo más de medio millón de dólares a una fundación del pololo de una diputada, sino ver que todos los mecanismos de control que pensábamos que existían han sido fácilmente vulnerados”.

Lo que a mí me sorprende en todo caso, son dos cosas. Primero: ¿por qué la Contraloría pasa tan colada en este y todos los demás casos de dilapidación de recursos que hemos visto? ¿No tiene un rol que jugar? ¿Dónde estaba Contralorito? ¿Estaba pajaroneando? ¿Por qué este tipo de contratos son de trato directo? ¿Por qué no podía haber licitación? ¿Cuál era la urgencia?

La Contraloría tiene precisamente por objetivo evitar que estas cosas pasen. Sin embargo, al parecer basta dividir en tres contratos la relación contractual para estar exentos del trámite de toma de razón, como se hizo en este caso. Y con eso, listo. Si no es por la denuncia de los propios funcionarios y la publicidad de la prensa, todo habría pasado “piola”. ¿La Contraloría? bien gracias.

Lo segundo que llama la atención es que se privilegie la asignación a dedo a fundaciones, en vez de procesos competitivos entre empresas especializadas. En efecto, si lo que se quiere es realizar mejoras en campamentos, sería mejor que hubiera competencia entre empresas, que sí pagan impuestos (a diferencia de las fundaciones) y que tal vez por competir eficientan sus recursos y no necesitan gastar casi 3.5 millones al mes en su sede, como es el caso de la fundación Procultura. Tal vez oficinas más sencillas bastan. Y ojalá empresas cuyo giro y conocimientos sea la realización de obras de mejoramiento, reales y duraderas, y no el proselitismo político, que es, al fin y al cabo, el objeto de la Fundación Democracia Viva.

Una reforma tributaria, más aún el llamado “pacto fiscal”, necesita ir acompañado de mecanismos reales de evaluación del gasto público, exigencia de competencia en la asignación de los recursos, mecanismos efectivos de control de dicho gasto y mayor transparencia.

Lo más preocupante, al final del día, no es que le asignen a dedo más de medio millón de dólares a una fundación del pololo de una diputada, sino ver que todos los mecanismos de control que pensábamos que había han sido fácilmente vulnerados. Corrupción ha habido siempre, y tal vez va a seguir habiendo. El tema es que todos los sistemas de control diseñados (1. Justificación del gasto, 2. Exigencia de licitación competitiva, 3. Revisión de Contraloría, 4. Evaluación del gasto, 5. Transparencia) hoy parecen haber desaparecido.