Los mundos opuestos de YPF

La expropiación a Repsol del 51% de YPF genera un fuerte “déjà vu”, porque desde hace 50 años que se ha utilizado el mismo argumento: “la recuperación de las riquezas básicas”. Además de la forma poco elegante de controlar a esa empresa, el tema es si la razón esgrimida tiene asidero.



No necesariamente un argumento es malo por ser antiguo, pero en este caso el argumento no era bueno en los 60 y es mucho peor en 2012: el planteamiento que una empresa que basa su producción en recursos naturales produce más beneficios sociales en poder del Estado que en manos de accionistas privados, ha demostrado que rara vez funciona.

Independiente de posiciones ideológicas respecto al rol del Estado, estas empresas controladas por los gobiernos no han tenido resultados exitosos, ni en Chile ni en otros países de América Latina, y es muchísimo más frecuente encontrar malas experiencias. Las razones principales tienen que ver con su gobierno corporativo; la existencia de grupos organizados que son muy beneficiados, y la definición de los objetivos de la empresa.

El argumento a favor de las empresas estatales es obvio: las utilidades quedan en manos del Estado y no de otros accionistas. Para cumplir eso, dichas utilidades deben ser mayores que lo recaudado si ellas son privadas, esta es la cuestión central. El uso de esos ingresos fiscales no tiene diferencias respecto a la propiedad, por lo que el argumento que las utilidades de esas empresas servirán para no depender de los recursos naturales es, al menos, irrelevante. Existen empresas estatales que funcionan con eficiencia, pero son muy pocas y han logrado superar alguno de los problemas señalados, como Codelco en Chile, al tener una ley especial que define su administración, pero también funciona con dificultades.

Si el dueño de la empresa es el Estado, ejerce las facultades del propietario a través del gobierno, lo que genera el conocido problema de agencia. El Estado, es decir toda la población, tiene objetivos permanentes respecto a los resultados de la empresa que no siempre coinciden con los objetivos de más corto plazo que tiene un gobierno, que necesariamente está pensando en satisfacer a sus partidarios y en su popularidad, con vistas a las próximas elecciones. Suele suceder con precios fijados a niveles absurdamente bajos, que favorecen a quienes consumen esos bienes, lo que perjudica al resto de la población al reducirse los excedentes que irían al Fisco.

En el caso de YPF resultan ilustrativos los ejemplos de Pemex, estatal, y Petrobras, de propiedad mixta con un gobierno corporativo con predominio de los accionistas privados. Los resultados de Petrobras son muy buenos, los de Pemex han sido mediocres, por decirlo suavemente. Casi no vale la pena mencionar a PDVSA de Venezuela. Es demasiado habitual que los directores y gerentes generales de las empresas estatales, en Chile y otros países, sean personas afines o partidarios del gobierno del momento, muchas de ellas sin experiencia en control ni gestión de empresas, y menos en los sectores en que se desenvuelven.

En segundo lugar, existen grupos organizados que son directamente beneficiados por una empresa administrada por el gobierno. Ellos son los sindicatos de esa empresa, los sindicatos de los principales proveedores y los grupos políticos y gremiales que participan en la administración o se benefician de ella. Por eso, era esperable el apoyo manifestado por los dirigentes sindicales de ENAP a la expropiación y estatización de YPF.

Se ha estudiado que en diversos casos lo que ocurre es la “captura” de la administración por parte de esos grupos que, naturalmente, buscan su propio interés, el que muchas veces no coincide con el de la población en su conjunto.

El tercer punto es que una empresa de gran tamaño necesita tener una estrategia y un plan de inversión de largo plazo, sobretodo en sectores de recursos naturales, como la minería, el petróleo, o el área forestal. También ocurre en bancos, telecomunicaciones y energía, entre otros.

Cuando el gobierno es el administrador debe aprobar los planes de inversión y recibir todas las utilidades que la empresa genera. Es el caso de Codelco, que muchas veces ha visto frenado un programa de expansión por restricciones respecto al monto que se le permite gastar en dichos planes.

En definitiva, no se trata de estar a favor o en contra de las empresas de propiedad del Estado. El análisis que debe importar desde el punto de vista de la economía política es qué resulta más conveniente para los intereses de un país, en una determinada situación.