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Marcela Ruiz-Tagle
Las advertencias respecto a los desafíos que enfrenta el mercado laboral parecen haber adquirido un carácter estructural, deterioro que incluso podría empeorar en el corto plazo si se considera el ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento económico. A la persistencia de altas tasas de desempleo se suman la débil creación de puestos de trabajo y la mantención de elevados niveles de informalidad, fenómenos que no responden solo al bajo crecimiento y productividad de la economía; también reflejan el aumento del costo laboral asociado a la significativa alza real del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y las mayores cargas vinculadas a la reforma previsional.
Por ello resulta relevante que el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional haya incluido esta materia. La propuesta establece un crédito tributario base de 14% aplicable sobre remuneraciones de hasta 7,8 UTM —aprox. $558.000—, con una estructura decreciente hasta las 12 UTM, cerca de $858.000. Si el trabajador es menor de 25 años, el crédito aumenta en 1,5 puntos porcentuales; si es mujer aumenta en 1 punto y si es hombre disminuye en 1 punto, ajustes que recogen parcialmente las observaciones formuladas a la indicación original, especialmente la falta de incentivos focalizados en los segmentos con mayores dificultades de inserción laboral, como jóvenes y mujeres. Sin embargo, aun con estas modificaciones cabe cuestionarse si el diseño es suficiente para abordar el fondo del problema: la escasa creación de empleo, alta informalidad y riesgos de sustitución tecnológica.
“Aun con estas modificaciones cabe cuestionarse si el diseño es suficiente para abordar el fondo del problema: la escasa creación de empleo, alta informalidad y riesgos de sustitución tecnológica”.
El informe del Ministerio de Hacienda reconoce que la propuesta busca compensar los mayores costos laborales derivados de la reforma previsional, evitando que estos se traduzcan en destrucción de empleo formal. Para ello el mecanismo considera la imputación del crédito contra PPM e IVA mensuales, facilitado liquidez a los empleadores. Esta dimensión no es menor. El instrumento puede amortiguar el aumento del costo laboral formal, especialmente en empresas intensivas en mano de obra y con restricciones de caja. También puede contribuir a proteger empleos existentes en los tramos de ingresos bajos y medios, cercanos al salario mínimo. No obstante, su principal debilidad es que no exige creación neta de empleo. Por diseño, el crédito también subsidia empleos ya existentes. En consecuencia, una parte relevante del beneficio podría destinarse a contrataciones que se habrían mantenido de todas formas.
Si el objetivo político-económico es “más empleo formal neto”, el crédito debería condicionarse a un aumento neto de dotación, incentivando la formalización laboral mediante la contratación de desempleados, inactivos recientes o trabajadores con baja empleabilidad; permanencia mínima del vínculo laboral; focalización territorial si se vincula a reconstrucción; y contar con una evaluación ex post de costo por empleo formal adicional. Sin estas condiciones el instrumento corre el riesgo de transformarse en una rebaja amplia del costo laboral formal con alto costo fiscal y efecto limitado en el empleo.
