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Alto contraste
Matías Pinto
En junio, Estados Unidos determinó que Chile, junto con otras 53 economías, no cuenta con mecanismos efectivos para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. La medida propuesta es un arancel adicional de 12,5%. Sin embargo, lo más relevante no es el porcentaje, sino la herramienta elegida para imponerlo, la Sección 301, una norma que permite responder frente a prácticas extranjeras no razonables o discriminatorias.
La acusación contra Chile no fue que sus exportaciones fueran producidas con trabajo forzoso, sino que el país no dispone de una prohibición específica, de facultades aduaneras y procedimientos efectivos, para impedir el ingreso de esos bienes desde terceros mercados. Chile participó en las consultas, pero no logró demostrar la existencia de un sistema equivalente acorde. El sector privado, en cambio, tuvo una participación destacada en las audiencias públicas, pidiendo la exclusión de sus productos de la medida.
El contexto permite entender por qué EEUU eligió este camino. En febrero, la Corte Suprema declaró ilegales los llamados aranceles del “Liberation Day”. Se esperaba que esa decisión introdujera mayor certeza y contuviera la política proteccionista del presidente Donald Trump. Ocurrió lo contrario, en vez de frenar el impulso arancelario, el fallo lo empujó hacia un instrumento distinto y más resistente. A diferencia de una medida de emergencia, la Sección 301 es una facultad otorgada por el Congreso. Sus investigaciones generan consultas, audiencias, comentarios públicos y un expediente administrativo. Las medidas pueden modificarse, ampliarse, revisarse o reactivarse. No son inmunes al control judicial, pero resultan mucho más difíciles de impugnar.
“Se requiere crear un mecanismo que impida que ingresen a Chile productos realizados con trabajo forzado”.
¿Qué puede hacer Chile? Si la preocupación central fuera efectivamente el trabajo forzoso, la respuesta sería fácil. Se requiere crear un mecanismo que impida que ingresen a Chile productos realizados con trabajo forzado. Pero si es solo una excusa para reconstruir los aranceles anulados por la Corte Suprema, la estrategia es otra y mucho más compleja. Y todo indica que es lo segundo. De la evidencia que se dispone, reafirmada por el propio secretario del Tesoro, la administración busca reemplazar los aranceles cuestionados utilizando otros fundamentos legales, con el objetivo de mantener intacta la recaudación y la política comercial. Si ese es el verdadero propósito, ningún nivel de cumplimiento chileno hará desaparecer el arancel, porque el objetivo nunca fue el trabajo forzoso.
EEUU está construyendo un nuevo bloque arancelario combinando investigaciones comerciales, seguridad nacional, controles de exportación y condiciones de acceso a mercado. Chile todavía puede adaptarse, pero debe entender que la Sección 301 dejó de ser una simple herramienta de defensa comercial. Se está convirtiendo en la columna vertebral del nuevo orden económico estadounidense, y ese orden ya no distingue entre comercio, seguridad y política industrial.
