NuevaSuperintendenciade Insolvencia y Reemprendimiento: volver a empezar

A partir del 1 de abril de este año, en el Ministerio de Economía comenzó a funcionar la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, supliendo a la antigua Superintendencia de Quiebras. Esta nueva institucionalidad tiene como objetivos importantes permitir que una empresa pueda reestructurar sus obligaciones y, cuando esto no sea viable, facilitar un cierre ordenado de la misma. La nueva entidad tiene el rol de velar y cautelar los derechos de los acreedores ante una quiebra, generar instancias prejudiciales de negociación en todas las regiones del país y, lo más relevante, debe apoyar al fallido, para que se levante y vuelva a emprender.

Todos los años se crean 120.000 nuevos emprendimientos en el país y cerca del 80% de éstos, termina siendo no viables. Es un principio natural y así sucede en los demás países del mundo. En otras palabras, las empresas nacen, se desarrollan y mueren. 
Para una empresa, la mejor manera de morir es que el propio dueño decida su cierre, comunicando el término de giro al Servicio de Impuestos Internos. Unas 40.000 empresas al año, proceden a hacer un cierre ordenado de su propio negocio. Otras 50.000 empresas al año, simplemente desaparecen y no declaran movimientos contables ante el Servicio de Impuestos Internos, dejando una larga lista de deudas impagas que no pudieron solventar. Para estas empresas, sobre todo las micro y pequeñas, resultaba muy caro acogerse a los procedimientos establecidos en la antigua Ley de Quiebras (N° 18.175).

Unas pocas empresas medianas y grandes, no más de 200 al año, se acogían a la Ley de Quiebras, a través de un proceso regulado, que si bien permitía hacer una liquidación ordenada de sus activos, seguía siendo engorroso y lento, comparado con los demás países de la OCDE.

La nueva normativa creada con la Ley N° 20.720, establece un moderno sistema concursal que permite resolver de manera ágil los problemas de insolvencia de las empresas y personas. Esta ley entra en vigencia el próximo 6 de octubre, tuvo una tramitación rápida porque suscitó apoyo político transversal. En el mundo empresarial, también había consenso en actualizar el sistema. La nueva legislación respaldará a los deudores que sufriendo de su falta de liquidez, podrán acogerse a procedimientos simples para negociar sus deudas con los acreedores. En efecto, esta ley cambió el foco normativo, desde la extinción empresarial a la de buscar una reorganización eficiente de la misma.

Entre otras modificaciones, vale la pena destacar las siguientes figuras legales donde se establece un período en que el deudor puede abocarse a la renegociación, se incorpora en los acuerdos a los acreedores que detentan créditos con garantías, y se fija el rol del “veedor” de la Superintendencia, quien acompaña y valida el accionar concursal. En el caso de las personas naturales, éstas podrán además contar con la asesoría gratuita del “veedor”, para facilitar los acuerdos entre las partes.

La nueva Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento comienza con grandes desafíos y sé que cumplirá un papel relevante, porque estoy convencida que la mejor manera de apoyar a las empresas poco competitivas es facilitando los trámites para su cierre, lo que favorece el reemprendimiento y también la reinserción laboral de los trabajadores afectados. Con la nueva institucionalidad, muchos podrán volver a empezar.