Oportunidad para establecer una política de infraestructura

Existe un cierto consenso que en la última década el país no ha tenido una Política Nacional de Infraestructura y tampoco de carácter regional. Para bien o para mal, la ejecución de obras o su postergación ha dependido de la voluntad política de los ministros y de sus colaboradores más cercanos. La planificación de obras importantes no ha formado parte de una visión de país, ni de una estrategia que integre las acciones y actividades de organismos públicos y privados hacia un objetivo previamente  definido y que constituya una política de estado vigente para un plazo largo, sin perjuicio de las revisiones que cada cinco o más años se le deban hacer.
Una Política de Infraestructura es mucho más que la construcción de proyectos individuales. Deben ser parte de una propuesta integral que apunte a ciertos objetivos estratégicos en relación a la calidad de vida de las personas y la productividad de los agentes económicos en un determinado territorio. Al mismo tiempo, debe considerar sus efectos sobre las acciones que emprendan otros actores, incluyendo el sector privado y los ciudadanos.
Un ejemplo concreto lo constituye la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao, que tiene un costo de US$ 720 millones y que permitirá conectar y extender la ruta 5 en más de 200 kilómetros y acercar en igual medida la zona austral del país. Dicha obra tendrá un impacto trascendental en toda la red vial interna de la Isla de Chiloé y en sus ciudades y poblados.  Afectará la demanda de servicios públicos y privados  y reactivará significativamente el turismo, a la vez que favorecerá la productividad de las actividades productivas que pueden desarrollarse en la isla.
Por eso es especialmente destacable  la señal que dio el nuevo ministro de Obras Públicas,  Alberto Undurraga, al comprometer al gobierno con su construcción, no sólo porque existe un contrato firmado, sino por la importancia que tiene el proyecto, y así otorgándole el carácter de una política de estado.
Esta hermosa construcción dará origen a nuevas demandas de obras públicas y privadas, que requieren la coordinación de tres grandes ministerios: Transportes, Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas, además del gobierno regional y los municipios. Para complementar positivamente los efectos esperados de esa inversión es necesario proyectar los efectos del puente sobre la isla, conciliar acciones y acomodar el crecimiento económico que la nueva conectividad impulsará, en consulta con las comunidades locales.
Si bien el financiamiento del puente está alojado en la Dirección de Vialidad y ya existe cierta preocupación por la carga presupuestaria que implicará para esa repartición, ello no puede implicar que la red de caminos de Chile se vea mermada en su calidad de servicio. Por ello, consideramos acertadas las primeras definiciones que el gobierno ha adoptado en esta materia, al convocar a un equipo de expertos que proponga soluciones para que el impacto presupuestario en la mantención y soporte de los más de 90 mil kilómetros viales del país sea el menor posible.
Señales de coordinación efectivas demostrarán la voluntad de la administración Bachelet de retomar la infraestructura como una palanca de desarrollo humano con equidad, relativamente
subvalorada en Chile. Experiencias anteriores como la creación del Merval en la región de Valparaíso y de Biovías en el gran Concepción, no se deben desaprovechar. Es posible transformar los problemas de infraestructura que existen en el país, en una gran oportunidad para reactivar muchas actividades a partir de definir una Política Nacional de Infraestructura.