VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteTras cargos contra el CEN: ¿pueden los consejeros ejercer su rol eficazmente?
RODRIGO CASTILLO MURILLO Abogado, socio de Táctica Abogados Consultores
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha doblado la apuesta. A la primera imputación, cursada por la falta de información que impidió calcular las compensaciones a los usuarios tras cortes de 2023-2024, se suma ahora un nuevo cargo que cuestiona la veracidad de las restricciones operativas declaradas para las centrales Nehuenco I y II de Colbún y la permisividad con que el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) habría seguido remunerándolas.
La SEC habla de sobrepagos millonarios y de falta de control interno. La gravedad es clara: el CEN ya no es solo un órgano que “omitió datos”, sino uno que, según la autoridad, toleró información no justificada y permitió distorsiones económicas.
“¿Puede alguien, bajo esa presión, gestionar adecuadamente la seguridad del suministro eléctrico? La respuesta se vuelve cada día más difícil”.
El dilema institucional se agudiza.
El consejo directivo tiene el mandato legal de garantizar seguridad, eficiencia y transparencia en la operación del sistema. Sin embargo, sus integrantes -consejeros no ejecutivos, pero responsables solidarios- deben ahora preparar defensas por dos expedientes sancionatorios, cada uno con multas potenciales de hasta UTA 20.000 y responsabilidad civil personal.
¿Puede alguien, bajo esa presión, gestionar adecuadamente la seguridad del suministro eléctrico de todos los chilenos? La respuesta se vuelve cada día más difícil.
La doctrina política invocada por el propio Gobierno es contundente: ante cargos formales por irregularidades graves, la autoridad cuestionada debiera inhabilitarse mientras dure el procedimiento.
Esa regla -pensada para ministros y directores de servicio- resulta incluso más imperiosa para quienes administran el sistema eléctrico. La confianza de los usuarios descansa en la certidumbre de que las decisiones del CEN se adoptan sin conflictos de interés, afanes de autoprotección y menos, con litigios declarados y acusaciones cruzadas con su propio fiscalizador.
Sobra decir que los dos consejeros recién incorporados, Bernardita Espinoza y Carlos Finat, debieran quedar al margen de este cuestionamiento directo por no haber estado ejerciendo funciones durante gran parte del tiempo en que se imputan hechos.
El CEN enfrenta así su prueba más compleja.
Mientras ambos expedientes sigan abiertos, la única salida responsable -y, tal vez, la única que evitará un daño institucional irreparable- es que los consejeros imputados se aparten temporalmente de la toma de decisiones. Solo así el CEN podrá concentrarse en lo que el país le exige: operar el sistema con certeza técnica y transparencia.
