Brechas del desempleo femenino
En el trimestre abril-junio, la tasa de participación laboral femenina alcanzó el 52,9%, recuperando los niveles prepandemia. En el contexto de la crisis laboral que arrastra el país, se trata de un dato relevante, que da cuenta del esfuerzo de muchas mujeres por reinsertarse en el mercado del trabajo. Sin embargo, esta recuperación formal convive con una realidad mucho más compleja: la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 9,9%, muy similar al 10% del trimestre anterior, cuando alcanzó a los dos dígitos por primera vez en cuatro años, lo que refleja persistentes dificultades de inserción y, más aún, de mantención de empleos formales.
En el mismo período -y en el marco de una tasa nacional de desempleo de 8,9%, con 30 meses acumulados por sobre 8%- los hombres registraron una participación laboral de 71,3% —aún inferior al nivel que exhibían en el período prepandemia-, dando cuenta que la brecha con las mujeres aún se mantiene amplia y distante, para ellas, del promedio de entre 60% y 65% que exhiben los países OCDE.
Chile tiene hoy más de 8 millones de mujeres en condiciones de trabajar, pero solo la mitad participa activamente. La otra permanece fuera del mercado por razones que no son circunstanciales: falta de sistemas de cuidado, una normativa laboral que encarece su contratación, y una distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de cuidado. Las mujeres que cuidan niños en edad preescolar registran, de hecho, tasas de desempleo que duplican a las de quienes no ejercen esas tareas. Sumarlas al mercado no es solo una cuestión de equidad, es también una oportunidad de crecimiento, sobre todo en un contexto en que la economía nacional exhibe bajos niveles de expansión.
No obstante, en el marco normativo actual, contratar mujeres suele implicar mayores costos, debido a obligaciones asociadas a la maternidad, como fuero, postnatal y permisos especiales. Aunque estas protecciones son necesarias, su financiamiento recae casi por completo en el empleador, lo que genera efectos no deseados: menor disposición a contratarlas en edad fértil, mayor informalidad o segmentación por género. Si no se abordan estos componentes estructurales, las brechas de empleabilidad persistirán, incluso si aumentan las tasas de participación.
Según estimaciones del jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, si solo el 10% de las mujeres que hoy no trabajan ingresara al mercado, el PIB chileno podría crecer un 4%. La OCDE, por su parte, ha calculado que cerrar la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres podría agregar entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anual. Pero para avanzar en esa dirección se requieren decisiones coherentes.
Medidas como el subsidio unificado al empleo llevan años sin prioridad legislativa, mientras se insiste en impulsar normas laborales que podrían terminar encareciendo la formalidad, como la negociación ramal, o surgen nuevos proyectos como la eliminación del tope imponible por años de servicio, en lugar de ampliar el acceso. Seguir postergando políticas públicas que faciliten la contratación de mujeres, en vez de dificultarla, no parece coherente, más para una administración que se ha declarado abiertamente feminista. El costo de seguir ignorando la falta de condiciones de acceso para las mujeres que están fuera del mercado laboral no es solo una brecha de género: es una ineficiencia estructural que limita el potencial de crecimiento de largo plazo y debilita la base productiva del país.