VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteComercio sin certidumbres
Hasta hace un par de meses, el gran dilema en el debate económico nacional se centraba en cómo romper la inercia de un magro crecimiento tendencial en torno al 2%, en una economía anclada al piso por el peso de la permisología, la baja productividad, la incertidumbre tributaria y sucesivas reformas que han frenado las posibilidades de dar un salto hacia un desempeño más solvente. Esto, hasta que Donald Trump cambió el guion de la economía global, al abrir la puerta a un proteccionismo que se creía en desuso.
Chile cuenta desde 2004 con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que desde su entrada en vigor liberalizó el 90% del intercambio bilateral de bienes y servicios. Solo en 2024, ese comercio superó los US$ 31.600 millones, posicionando a EEUU como el segundo socio comercial más importante del país. Durante dos décadas, el acuerdo ha brindado certezas, confianza y predictibilidad, lo que ha permitido desarrollar negocios de largo plazo, atraer inversiones y generar empleo.
En este marco, no sorprende que el TLC haya requerido ajustes. El más reciente se realizó en 2019, mediante un proceso transparente y reglado, canalizado a través de la Comisión Administradora del Acuerdo, instancia institucional que permite dialogar, negociar y adaptar los compromisos a los cambios del entorno económico. La flexibilidad en los tratados no es una anomalía, sino parte de su valor: permiten ajustar sin erosionar la confianza.
Pero las decisiones unilaterales adoptadas por la administración Trump, como la imposición abrupta de aranceles a productos estratégicos, el uso político de los derechos de importación o la amenaza constante de revisar acuerdos según la conveniencia coyuntural, rompen con ese principio fundacional. No se trata solo de medidas económicas. Es un daño profundo al respeto por las reglas acordadas, a la estabilidad de los compromisos y, sobre todo, a la validez de la palabra empeñada entre Estados soberanos.
Para países como Chile, con una economía abierta y altamente dependiente del intercambio con el exterior, este quiebre no solo representa un riesgo comercial. Erosiona la arquitectura jurídica que sostiene las decisiones de inversión, debilita la institucionalidad multilateral y reduce los márgenes de acción de países medianos que apuestan por reglas, no por poder. La certidumbre no se construye sobre amenazas ni sobre excepciones arbitrarias, sino sobre la vigencia del derecho pactado.
El cumplimiento, por supuesto, también es mandatario para Chile y, en este contexto, deben atenderse las señales de cualquier tratamiento discriminatorio, en particular respecto del capítulo de protección de inversiones contenido en el TLC. En ello, uno de los temas que ha provocado controversia es la licitación de afiliados de las AFP de la reforma previsional.
Ante este escenario, es esencial reforzar los espacios institucionales de diálogo y solución de controversias, bilaterales y multilaterales, y exigir el cumplimiento de las reglas convenidas. Lo relevante no es solo preservar el comercio, sino proteger el principio de legalidad que lo sostiene. Esa es, en definitiva, la base mínima para una economía global ordenada, estable y confiable.
