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Alto contrasteConvenio 169: Comunicación y riesgos
La entrevista que el ministro de Defensa, Fernando Barros, dio este fin de semana a DF MAS, en la que planteó evaluar la salida de Chile del Convenio 169 de la OIT y avanzar hacia la derogación de la Ley Lafkenche, obligó al gobierno a salir a corregir las palabras del secretario de Estado, lo que evidencia, una vez más, un problema de coordinación entre los miembros del gabinete.
Comunicar con un mensaje institucional coherente no es un mero formalismo para un gobierno, sino que es una condición que aporta certeza y previsibilidad, un sello relevante para recuperar la confianza en las instituciones del país, lo que tiene consecuencias en el clima de inversión.
Pero este problema político no debe eclipsar el fondo del planteamiento del ministro Barros, que merece juzgarse en su propio mérito. Y si bien el presidente Kast descartó salir del convenio, señalando que “no es prioridad” ni está en la agenda del gobierno, abrió la puerta a la necesidad de revisar la aplicación de normativas como la Ley Lafkenche, dados eventuales abusos que podrían afectar el futuro de proyectos estratégicos y de seguridad nacional.
La controversia sobre los plazos y el diseño de la Ley Lafkenche merece una revisión técnica desapasionada y racional.
La misma fórmula planteó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien señaló que “el Convenio 169 está vigente en Chile y tiene rango de ley, por lo tanto, hay que respetarlo”, calificando a la vez la Ley Lafkenche como “una traba importante al desarrollo de proyectos”. Esa distinción tiene sustento, el tratado internacional ha operado bajo un marco jurídico institucionalizado desde su entrada en vigor en 2009, que ha permitido resolver las reclamaciones en un contexto concreto de carácter técnico.
El planteamiento de Barros, con todo, se remonta a una asimetría que proviene de los años ‘90. La Ley General de Pesca y Acuicultura de 1991 estructuró las concesiones del borde costero, clave para sectores como el salmonero, portuario y turístico, omitiendo los usos consuetudinarios de las comunidades mapuche-lafkenche. Para subsanar ese vacío se promulgó en 2008 la Ley N° 20.249, creando los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
El conflicto no radica en una vulneración de derechos adquiridos, ya que la normativa respeta las concesiones otorgadas con anterioridad. La distorsión proviene del diseño del proceso, ya que la sola postulación de un ECMPO suspende cualquier nueva solicitud de concesión en el área, lo que transforma un mecanismo que la ONU destacó como modelo del Convenio 169 en un cuello de botella productivo.
Los registros de Subsecretaría de Pesca, citados por el Centro Pivotes, dimensionan el problema: se trata de 2,3 millones de hectáreas de litoral que permanecen congeladas por solicitudes en trámite, la tramitación promedia 7,3 años pese a un plazo reglamentario de 10 meses, y en proyectos de salmonicultura se estiman cerca de US$ 200 millones en inversión paralizada. El Observatorio Ciudadano matiza el impacto agregado, pero coincide en que el Estado incumple sus propios plazos.
En definitiva, la controversia sobre los plazos y el diseño de la Ley Lafkenche merece, en su mérito, una revisión técnica desapasionada y racional. Pero para que esa modernización sea viable y transmita confianza a los mercados, debe canalizarse a través de una sola voz institucional, porque las discrepancias públicas dentro del Ejecutivo no aceleran las reformas, sino que diluyen la previsibilidad del Estado y postergan las soluciones que el país requiere.
