El exdirector de Sartor AGF imputado en la causa, Carlos Larraín (izq.) y su abogado defensor, Felipe Solís. Foto: Julio Castro
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A casi una semana de la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que dio por finalizada la masiva audiencia de formalización del caso Sartor y que dictó las medidas cautelares, comenzaron las apelaciones de cuatro de sus 11 imputados a los que se les otorgó la prisión preventiva: los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez.
La primera defensa en ingresar su recurso en contra del fallo del tribunal fue la de Carlos Larraín, la que, mediante un escrito ingresado a la causa principal, argumentó en contra de la decisión de la jueza Paulina Moya que envió al investigado al recinto penitenciario Santiago 1.
“No se trata de anticipar una absolución, sino de aplicar correctamente el estándar cautelar y valorar la intensidad real de la imputación personal”, apuntó el texto preparado por los penalistas del imputado, Catherine Lathrop y Felipe Solís.
En primer lugar, apuntaron contra el agravante de delito de lavado de activos que fue considerado por el tribunal. La defensa de Larraín apuntó que el delito no le fue imputado, mientras que “fue examinado en el capítulo relativo a la adquisición y control de Azul Azul respecto de otro imputado”.
“No existe, por tanto, una imputación personal de lavado que pueda incrementar la pena probable o la gravedad cautelar de nuestro representado”, añadió.
Para Lathrop y Solís, “esta circunstancia es especialmente relevante porque el lavado fue presentado en la resolución como un injusto autónomo y vinculado con una ruta de recursos y bienes de gran magnitud”.
“Ese razonamiento no puede proyectarse sobre Carlos Larraín Mery sin formalización específica, acto personal, conocimiento, modalidad del artículo 27 de la Ley N° 19.913 y título de participación”, sostuvo.
“No se trata de anticipar una absolución, sino de aplicar correctamente el estándar cautelar”, sostuvo la apelación.
En tanto, la defensa de Larraín señaló que “la jueza no tuvo por acreditada la participación de Carlos Larraín Mery en información falsa”.
“Lo expresó de modo directo al señalar que no se habían individualizado actos suyos de preparación, aprobación, suscripción o remisión y que los antecedentes no permitían presumir fundadamente su participación”, añadió.
Así, de acuerdo con Lathrop y Solís, “para la cautelar, el efecto es concreto: Carlos Larraín Mery no puede ser tratado como si hubiera contribuido personalmente a la falsedad informativa”.
“El delito no debe seguir computándose para justificar número, carácter, pena probable o peligrosidad social”, apuntó.
En la misma línea, la defensa de Larraín argumentó un apartamiento de decisiones concretas en Sartor AGF. “La resolución registra que nuestro representado se abstuvo en decisiones determinadas y que la jueza reconoció que esas abstenciones acreditaban su apartamiento de las decisiones concretas en que fueron registradas”, afirmó la apelación.
“Aunque la jueza estimó que podían existir actuaciones en otras fases, no identificó con precisión esas actuaciones respecto de cada delito, simplemente las asumió sin ningún antecedente que pudiera respaldarlo”, afirmó.
De esta manera, “la abstención no es un dato neutro”, por lo que “en un modelo de imputación que exige acto personal, la abstención reduce la intervención atribuible y excluye la inferencia de voto favorable”, añadió Lathrop y Solís.
“Debió ser ponderada expresamente al determinar la intensidad cautelar, no solo mencionada para luego desplazar sus efectos con una hipótesis general de continuidad”, apuntó.
Finalmente, recalcaron la renuncia de Larraín al directorio de Sartor AGF, tres años antes del estallido del caso. “La jueza reconoció que los deberes derivados de la calidad de director cesaron el 29 de diciembre de 2021. Esa fecha delimita la imputación y obliga a separar las decisiones anteriores de las posteriores”, apuntó la defensa del imputado.
Así, para las actuaciones posteriores, “la Fiscalía debía demostrar una fuente jurídica diversa, competencia funcional concreta, ejercicio efectivo y conexión causal con un perjuicio”, mientras que “la mera asesoría o un poder conjunto no permiten prolongar la calidad especial de manera automática”, argumentó Lathrop y Solís.
Además, destacaron que el tribunal no atribuyó a Larraín el peligro de obstaculización de la investigación como a su hermano, Pedro Pablo Larraín, y Michael Clark.
“La resolución reservó el peligro concreto de éxito de la investigación para otros coimputados, respecto de quienes se mencionaron borrado de teléfonos, chats o servicios corporativos. Carlos Larraín Mery no fue individualizado en esa causal”, apuntó.
De esta manera, la defensa del imputado señaló que “la cautela solo podía sostenerse en seguridad de la sociedad y requería una motivación individual reforzada, que la resolución no desarrolló”.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía. Actualizado: 24 de agosto de 2026.Interactivo: Claudio Pérez
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro: Fiscalía cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones y solicitó formalizar a 11 imputados. La formalización se extendió entre julio y agosto, y el tribunal dio por acreditados seis de los siete delitos imputados y decretó medidas cautelares, mientras la Corte Suprema revisó la legalidad de las medidas de la CMF.
Desplaza hacia la derecha para revisar los hitos. En mobile, la cronología se presenta completa en lectura vertical.
01
CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
En la tercera jornada de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional para el exdirector de inversiones de Sartor AGF, tras un acuerdo con querellantes.
Credicorp denuncia deuda impaga de US$ 45 millones
En la cuarta jornada, Credicorp Capital afirmó que no se ha pagado un solo dólar de los más de US$ 45 millones que financió. Los querellantes apoyaron la prisión preventiva solicitada para cinco imputados.
Corte Suprema declara ilegal la revocación de la AGF
La Corte Suprema anuló la Resolución Exenta N°12.118, con la que la CMF revocó en diciembre de 2024 la existencia de Sartor AGF, por no tramitar el procedimiento sancionatorio formal exigido y vulnerar el debido proceso administrativo.
Tribunal da por acreditados seis de los siete delitos
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio por acreditados seis de los siete delitos imputados: administración desleal, estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de OPA y lavado de activos. Desestimó el contrato simulado y fijó medidas cautelares tras 14 días de audiencia.
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