Editorial

¿En qué clave “leer” la crisis peruana desde Chile?

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La crisis política en Perú de la semana pasada -cuando en una vertiginosa jornada el Presidente Castillo anunció la disolución del Congreso, sólo para terminar apenas horas después destituido por ese mismo Congreso, detenido por sedición y con una nueva Mandataria en ejercicio- ha suscitado en los últimos días diversas comparaciones y paralelos con Chile.

Si bien se trata de realidades políticas distintas, con importantes diferencias a nivel del sistema institucional, es cierto que pueden hacerse analogías de las cuales sería imprudente hacer caso omiso: fragmentación del Congreso, crisis de los partidos tradicionales, desconfianza ciudadana, inexperiencia del gobernante, nombramientos cuestionables en altos cargos, entre los ejemplos más notorios.

En el caso peruano, los numerosos y graves escándalos de corrupción durante años han sido un factor adicional agravante de peso, y aunque en Chile ese problema no tenga similar magnitud, el reciente ranking de Transparencia Internacional sobre la vulnerabilidad a la corrupción y el soborno -y la falta de voluntad política en sucesivos gobiernos para mejorar el marco legal correspondiente- es un dato preocupante.

Salvando las distancias, entonces, la crisis peruana parece un crudo recordatorio de que, más allá del marco “sistémico”, el carácter y las decisiones de las personas investidas de autoridad por los ciudadanos son determinantes para el buen funcionamiento – la buena salud, en rigor- de la democracia. De hecho, la actual insatisfacción de los chilenos con el sistema político -que trasciende con mucho a este Gobierno en particular- existe a pesar de diversas reformas que debían, en teoría, introducir mejoras, como el sistema electoral proporcional, el voto voluntario o las nuevas reglas de financiamiento de la política.

El sufragio democrático es tal vez el mejor antídoto contra el autoritarismo, pero la mejor protección contra los males del populismo y el gobierno irresponsable está en el juicio informado y razonado de los ciudadanos al momento de ejercer su derecho al voto. La insistencia en reformas sistémicas a menudo echa al olvido esta verdad fundamental.

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